La política, en su estado más puro y despiadado, se asemeja a la navegación de altura. El capitán que ignora el peso muerto de su carga termina, inevitablemente, sucumbiendo ante la primera tormenta. No hay espacio para la nostalgia.
Detectar el lastre es un arte de precisión quirúrgica. Implica distinguir entre la lealtad que suma, la inercia que hunde y el pasajero que lejos de aportar, rasga velas para impedir el avance porque no le dan mando a su entero gusto. En este juego, la indecisión no es prudencia; es un suicidio asistido por la propia parsimonia.
Claudia Sheinbaum parece haber comprendido este código de supervivencia, no sin costo. La reconfiguración del gabinete y de la dirigencia nacional de Morena no es un simple ajuste de piezas. Es una purga de sombras.
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La presidenta ha aplicado una cirugía mayor para eliminar la bicefalia. Al sacar perfiles propios a la primera fila de Fiscalía General y operación rumbo a la cita electoral del 2027, Sheinbaum ha cortado ataduras a agendas heredadas.
El paso de Ariadna Montiel de la secretaría del Bienestar a la dirigencia nacional de Morena, y antes la llegada de Citlalli Hernández a la Consejería Nacional de Elecciones del partido, representan la arquitectura que la presidenta juzga necesaria para que la ejecución técnica y la operación política respondan a una sola voz.
Sheinbaum sabe que el 2027 se gana hoy, aceitando la logística electoral y asegurando una lealtad vertical sin fisuras ni ruidos. Pero hay algo adicional: el gobierno del presidente Trump usa como punto de presión injerencista justo a personajes, alianzas y concesiones de dominio que le endilgaron a Sheinbaum con carácter de cláusulas de sucesión.
Habrá más cambios en el gabinete y en las bancadas morenistas, como parte de la reconfiguración para aceitar la logística electoral y asegurar una lealtad vertical sin fisuras ni ruidos, pero también una diáspora en busca de cargos de elección.
Por una razón o por otra, en función de los malquerientes o partidarios que lo pronostiquen, en los cambios por venir ubican desde hace meses a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Si la secretaria de Gobernación se queda en ese cargo, tendrá la tarea de formar eje con Ariadna Montiel para garantizar que la maquinaria de Morena no rechine en el proceso, una sincronía de la vieja escuela de la izquierda que gobierna la capital del país hace décadas.
Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, en San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos camina por un desfiladero que pretende desafiar las leyes de la gravedad política para perfilar una candidatura a gobernador en alianza PAN-PRI.
Galindo insiste en una alianza con un tricolor que no solo está en estado catatónico, sino que se ha vuelto tóxico. Una dirigencia local, encabezada por Sara Rocha, que coquetea con el poder estatal y ha convertido sus animadversiones personales en materia de estrategia política, es un ancla desmesurada que impide arrancar el viaje.
El riesgo de no decidir a tiempo es quedar atrapado en una estructura que ya no responde. El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es un experto en la supervivencia personal a costa del partido, no es un aliado confiable. Es un jugador que retrasa el reloj ajeno. Venderá que apoya al priista potosino con el cargo de mayor relevancia política en el estado, pero que no tiene forma de poner en orden a su destorlongada dirigencia estatal en San Luis Potosí.
El PAN, mientras tanto, avanza con una lógica de género y pragmatismo territorial. Para las 17 gubernaturas en juego, registrará 8 candidatos varones y 9 mujeres, a fin de cumplir con la regla de equidad de género. De las ocho para señores, ya perfiló 4 que son “prioridad”, hay más aspirantes varones en fila y el tiempo corre. Al encaminar perfiles propios en estados clave, el PAN deja poco margen para invitados, por mucha “apertura” a ciudadanos que anuncie Jorge Romero. En este escenario, la militancia pesa más que el esfuerzo de los externos.
El dilema de Galindo, dejar de buscar el aval del PRI, quizá tenga que ver con una solidaridad noble pero peligrosa: no dejar desprotegidos y en el aire a colaboradores priistas que no trabajan el territorio hace años (por eso el tricolor potosino es hoy irrelevante). Un funcionario que no se mueve es, por definición, un lastre político.
En la administración potosina de la capital hay piezas que esperan ser llevadas en hombros hacia el futuro. Un buen número de priistas consiguieron refugiarse ahí después de las derrotas electorales de 2021 y 2024. Desde luego, desean que los lleven a hacer presencia en 2027; a la campaña, si la hay, esos priistas llegarán como los ricos en la oración de “La Magnífica”, sin cosa alguna.
Colaboradores de Galindo hay que, por la naturaleza de su trabajo, y bien hecho, consiguen cierta relevancia entre los ciudadanos atendidos, pero no son muchos y son menos todavía los de signo priista. Nave que no suelta el lastre termina en el fondo del mar.
El alcalde estira la cuerda con la paciencia de un negociador de secuestros. En qué momento deberá sacrificar el pasado en el altar de la viabilidad futura, con un movimiento estrictamente necesario, complicado saberlo. El tiempo se agota entre las dudas y el peso de las siglas muertas. La diferencia entre un candidato competitivo y uno fallido puede ser, simplemente, la velocidad con la que se empuña la tijera.
Detectar el lastre es el primer paso. El segundo, y más difícil, es tener la voluntad de soltarlo antes de que el agua sea una amenaza. En política lo que no ayuda, inevitablemente termina por estorbar.