Desde finales de 2024 a la fecha, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, han sostenido por lo menos 14 llamadas telefónicas y, según datos oficiales, esto significa que han sostenido 260 minutos de diálogo.
Los temas principales que han tratado, asimismo información del gobierno de México, se han centrado en renegociar aranceles y mantener acuerdos comerciales, así como en coordinar estrategias conjuntas de seguridad y control de narcotráfico o migración.
La más reciente, en mayo de 2026, Palacio Nacional dijo que trataron temas económicos y de seguridad. Esto tras periodos de tensión relacionados con la seguridad y luego de la petición de extradición de diez funcionarios mexicanos de Morena, a lo que se ha negado el gobierno de la 4T, pues exige pruebas de que los señalamientos estadounidenses son ciertos.
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En realidad lo que sabemos de esas llamadas es muy poco, o nada. Apenas lo que la presidente mexicana quiere decir y lo esboza, no mucho. Siempre dice que son llamadas cordiales y productivas para México. Menciona que todo va bien con el gobierno de EU y que -según ella- estamos ‘a partir de un piñón’ con el gobierno del presidente naranja.
Pero a pesar del discurso optimista del gobierno mexicano en torno a las llamadas, resulta que luego de cada una de ellas accede a tomar decisiones que ‘facilitan esa relación’ aceptando reglas de colaboración impuestas por EU.
Ocurrió con el tema migratorio. Luego de varias llamadas, el gobierno mexicano decidió cambiar su política migratoria bloqueando el acceso de migrantes centro y sudamericanos -así como de otros países- que en caravanas interminables cruzaban nuestro país desde Guatemala, para llegar a EU, durante el gobierno de López Obrador, quien decidió abrir las puertas de México de par en par, para ese cruce de gente que no quería quedarse a vivir o trabajar en México: sí llegar a la Unión Americana.
México ha recibido expulsados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, y ha dado espacio y trabajo a migrantes que no lograron cruzar el Río Bravo, lo que sí es una actitud humanista pero que refleja también debilidad política de gobierno y desventajas para los trabajadores mexicanos.
El tema de los aranceles es un dolor de cabeza para México, y para todo el mundo. La política de Trump se basa en castigos a la economía de los países que no le simpatizan o que -según él- se le salen de las trancas, se vuelven sus “adversarios” y a los que ‘hay que castigar’, según su criterio.
Luego de cada una de esas “fructíferas, amables y simpáticas” llamadas entre presidentes de México y EU, la vocería de Palacio Nacional comunica su versión, la que con frecuencia contrasta con lo que dice el gobierno de EU respecto de esas comunicaciones telefónicas.
No pocas veces el presidente de EU, Trump, ha hecho elogios de la presidente mexicana. Dice que es una mujer muy elegante, que habla muy bien, que es muy simpática… Pero enseguida -casi siempre- asesta el golpe fatal. No pocas veces se ha burlado de ella, de su forma de hablar con él y la manera cómo se expresa para pedirle que no haga tal o cual cosa. Lo que ciertamente indigna.
Pero hay indicios de que esas llamadas no son tan cordiales, a pesar de lo que dicen los comunicados oficiales: La presidente enseguida comienza a hablar de la defensa de la soberanía mexicana, de que México es un país libre, que no se somete a nada ni a nadie, que en México el que manda es el pueblo: Así en términos muy generales y vacuos.
Pero aun así, oculto en ese follaje nacionalista, el gobierno mexicano accede-accede-accede, como ocurre para que entren a México militares, agentes o policías que vienen de distintos órdenes de seguridad estadounidenses para “capacitar a los policías, agentes, guardias nacionales, militares”.
A capacitar ¿en qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el nivel de esa capacitación? ¿Cuáles son los resultados? Hasta hoy esa colaboración-coordinación-capacitación no ha dado resultados si se ve lo que aún ocurre en el país en materia de criminalidad y seguridad pública.
Y lo más reciente y lo que más ha confrontado las relaciones es la defensa que ha hecho el gobierno de Morena-4T, del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros de los diez señalados por el gobierno de EU como presuntos narcopolíticos.
No es un tema menor para los dos países. En México se sabe que muchos políticos en activo se han vinculado con el crimen organizado. Pruebas las tiene el gobierno de México, pero no le interesa darlas a conocer porque involucrarían a muchos niveles de mando político aquí. El presidente de EU, Trump, no para de decir que en México los que gobiernan son los narcotraficantes.
Estados Unidos quiere castigar a los narcopolíticos y narcotraficantes. Y no parará para hacerlo. El gobierno de México se opone. Y tiene razón en el apartado de la no intervención de EU en temas mexicanos. Pero sería mejor que en México se llevara a cabo esa revisión y poda política para detener esa cabeza de hidra que tanto daña a todos en el país.
La presión es mucha y seguramente de esto se habló entre los dos presidentes apenas el 17 de mayo. La presidente ordenó la congelación de cuentas bancarias de todos los señalados y es ese mismo día cuando se anuncia de la entrega en EU de dos de los diez mencionados. Luego de esta llamada, se anunció la llegada a México de delegados estadounidenses de seguridad y narcotráfico.
Y sigue la presión. Las llamadas no son cordiales. Y esto lo sabe bien Palacio Nacional. Trump exige. El gobierno mexicano oculta ¿hasta cuándo? El problema del crimen organizado y el narcotráfico continúa. Y continúan las masacres.
La presidente mexicana tiene que solucionar el problema en casa, si quiere evitar mayores daños a México y a los mexicanos. Si en verdad quiere a México, deberá dejar de defender lo indefendible: a los narcopolíticos de cualquier nivel o partido político; a funcionarios en activo y a los que están en refugios privilegiados.