Al reflexionar sobre la reforma de la reforma judicial, de inmediato pienso en lo que ha sucedido con motivo de la reforma judicial y con muchos de los jueces y magistrados que nos retiramos del cargo en el 2025.
Primero me hace recordar como se tachó a los titulares del Poder Judicial de la Federación de corruptos sin prueba alguna, sólo era el dicho continuo y desmedido de parte de quienes integran la actual fuerza política en nuestro país, comenzando por las mañaneras.
Sin embargo, la reforma fue publicada el 15 de septiembre del 2024, autorizando a los titulares permanecer en su encargo hasta el 2025 y otros 2027, aun cuando se aseguraba que todos eran corruptos por lo que se justificaba la reforma al Poder Judicial.
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Segundo, se permitió a los titulares del Poder Judicial, a esos que se les llamaba corruptos diariamente sin prueba alguna, pero que fue suficiente para destruir su carrera judicial y obligarlos a abandonar sus cargos que habían logrado a través de concursos y la carrera judicial, que fueran a elección popular, ya que al parecer, al ser elegidos por votación popular, sus principios éticos y morales serían otros.
También me hace recordar el caso del momento “la extradición de Rocha Moya”, en donde no se dio trámite a la petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, porque ahora dice el gobierno, que en México existe el principio de presunción de inocencia y nadie puede ser molestado si no hay pruebas contundentes en su contra; lo que olvidaron en todo momento respecto de los titulares del Poder Judicial de la Federación porque no éramos parte de su equipo, ni estábamos bajo sus órdenes, pues nuestro principal trabajo era juzgar los actos arbitrarios que le imputaban a las autoridades los ciudadanos, por lo que era necesario para el régimen quitarnos del camino a todos aquellos que no nos doblegáramos a sus peticiones.
Y eso es evidente si advertimos cuántos de esos titulares señalados como corruptos y que dejaron sus cargos se encuentran colaborando con el Gobierno, en su mayoría en el federal, pero también con los de los estados, y otros más colaborando en el Órgano de Administración Judicial o en el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde fueron invitados a participar por sus titulares.
Ejemplo claro, el titular de la actual Escuela Nacional de Formación Judicial, es un ex consejero del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que ostentaba el cargo de Magistrado Federal, con carrera judicial; uno más de nosotros tachado de corrupto como todos los demás, pero ahora es el titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial, de corrupto pasó a ser el formador de las nuevas generaciones de juzgadores.
Asimismo, el actual Director General Contencioso de la UIF, quien además de haber llegado a ser Consejero, ostentaba el cargo de Magistrado del Poder Judicial de la Federación, el que alcanzó mediante exámenes de oposición y una carrera judicial, es uno más de los titulares tachados de corruptos por el gobierno de nuestro país; sin embargo, al dejar el Poder Judicial de la Federación en virtud de la reforma judicial que destruyó el tercer poder, es invitado a colaborar a nivel de dirección, a una dependencia que se dedica a perseguir a quienes utilizan recursos para el financiamiento al terrorismo o lavado de dinero; siendo su superior jerárquico inmediato el titular de la UIF.
Y así, podría enumerarles un sin número de casos de ex titulares (jueces y magistrados) del Poder Judicial de la Federación que colaboran en cargos con altas responsabilidades tanto en el gobierno federal como en los estados pintados de color guinda.
Esos que fueron tachados de corruptos, sustento de la reforma judicial que destruyó la certeza jurídica e independencia de poderes, fueron llamados a colaborar con el gobierno en el Poder, donde ahora pueden ostentar cargos prestigiosos, siendo decentes y puros, pues ya están bajo su manto protector y supeditados a ellos.
Ese fue el verdadero origen y propósito de la desastrosa reforma judicial, en ningún momento fue darle una mejor calidad de impartición de justicia a los mexicanos.
El oficialismo siempre supo lo que hacía, lo que sucedió es que no midieron las consecuencias de su aberrante y caprichoso actuar y no pensaron que saliera a la luz pública, la desaseada actuación, protagonismo y soberbia de sus elegidos; y que ello fuese a impactar tan rápidamente en la captación de inversión extranjera.
Por ello, que no les ha quedado más que reconocer en parte, a algunos de ellos, que es necesaria una reforma de la reforma judicial; misma que no alivia ni reconstruirá el daño causado a nuestro país, y sobre todo a todos los ciudadanos que necesitan de una impartición de justicia de calidad emitida con independencia y profesionalismo; lo cual únicamente se podrá reconstruir cuando se tenga juzgadores imparciales, independientes, preparados, éticos, no subordinados al poder político, y se les permita resolver conforme a derecho y no a los intereses del Estado.