A pesar de los esfuerzos del régimen por maquillar el estado de cosas en Venezuela, y posicionar la tesis de que se ha iniciado un cambio benéfico, lo cierto es que los fundamentos de la narcodictadura se mantienen inalterados.
Basta con remitirse a la respuesta que el gobierno dio a la marcha de distintos sectores laborales del jueves 9 de abril, para poner en evidencia, no que las cosas continúan como estaban antes del 3 de enero, sino que, desde la perspectiva político-institucional, han empeorado. Digo que han empeorado porque la continuidad del régimen goza de un habitado e injustificable campo de silencios entre sectores de la oposición, que resultan en estas circunstancias, operaciones de indiscutible complicidad.
El feroz y coordinado ataque de la Policía Nacional Bolivariana a unos ciudadanos indefensos, que salieron a la calle a protestar contra salarios y condiciones laborales que no pueden calificarse con otra palabra que no sea la de miserable, despejó toda duda acerca de la hasta ahora inamovible permanencia de las estrategias represivas y de violación planificada de los Derechos Humanos, como único instrumento de sometimiento de la voluntad democrática y de los dirigentes de la sociedad civil.
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Que durante la mencionada marcha diez reporteros hayan sido atacados, golpeados, castigados con gas pimienta y, todavía más, atracados por funcionarios policiales, es revelador de que las cosas siguen igual: la misma guerra desproporcionada, ominosa y humillante del Estado contra la sociedad; la misma impunidad de los funcionarios delincuentes que violan la ley con la garantía de que nada les ocurrirá; los mismos procedimientos para impedir el ejercicio de derechos que están inequívocamente establecidos en la Constitución.
Si el odio activo contra personas y familias continúa intacto en Venezuela, ello es posible, entre otras razones, porque el conjunto del llamado Poder Judicial de Venezuela no ha cambiado ni un ápice. Sigue siendo la misma estructura mafiosa consagrada a proteger a la narcodictadura. La prueba más categórica la han dado con la más escandalosa y grave de sus argucias recientes, la de inventar una frase siniestra, “ausencia forzosa”, para calificar la salida de Nicolás Maduro de la escena y, por lo tanto, evitar la convocatoria de elecciones, a la que están obligados. El TSJ ilegal, ilegítimo y fraudulento ha comenzado su operación para evitar las elecciones que la sociedad reclama de forma unánime, y mantener en el gobierno a un poder también ilegítimo, ilegal y producto de un fraude.
Por supuesto: el Consejo Supremo Electoral, la totalidad de la estructura especializada en el robo de la voluntad popular, se mantiene como si nada. El cuerpo que protagonizó el fraude documentado del 28 de julio de 2024 sigue y se resiste a cualquier revisión y cambio. Que su principal beneficiario, Nicolás Maduro, haya sido detenido y enfrente un juicio acusado por delitos deleznables, no les importa ni los afecta. No se mueven, con el propósito de hacerse cargo de un posible proceso electoral, si la realidad política lo impone.
Mientras nada cambia, más de 500 presos políticos continúan sometidos a un sistema de prisiones inhumano, a tribunales corruptos, a jueces que se niegan a procesar amnistías, a poderosos del régimen, como Diosdado Cabello, que tiene sus propios presos políticos y se niega a liberarlos, para mantener vivo el perverso ejercicio de la autoridad, tal como él la entiende: como un recurrente doblegar y causar sufrimiento a la sociedad que rechaza a la narcodictadura y a sus integrantes.
¿Y qué decir de los grupos paramilitares y los llamados colectivos bajo el mando de Cabello? ¿Acaso es cierto que están reclamando un trozo del pastel de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha entregado al gobierno de Venezuela? Lo real es que el estatuto de impunidad sigue vigente. Las operaciones delincuenciales y de amedrentamiento de los ciudadanos demócratas no se han reducido ni mucho eliminado. Ninguna autoridad se pronuncia sobre estos grupos que, por el contrario, aparecen como escoltas de Cabello o lanzando ataques verbales abiertos en contra de Estados Unidos y Donald Trump.
¿Y del estado de la economía? ¿Qué decir de las condiciones de vida de millones de familias? ¿Aumenta el empleo? ¿Crecen los salarios aunque sea en mínima proporción con respecto a la inflación? ¿Se despejan las reglas de la economía para estimular la creación de pequeñas y medianas empresas? ¿Devuelve el régimen las empresas y propiedades que ha robado durante 28 años? ¿Ha cesado el discurso que responsabiliza a las sanciones de la debacle económica que han causado la corrupción, la corrupción y nada más que la corrupción?
Algo que no puedo dejar de mencionar: la ausencia total de garantías para ejercer libremente la actividad política en el país. María Corina Machado, amenazada por Cabello, si decidiera hacer uso de su derecho de regresar a Venezuela. Los partidos políticos, inhabilitados o secuestrados o perseguidos. Los dirigentes políticos, presos o exiliados. Los venezolanos en el exilio o en la diáspora, sin tener posibilidad de regresar a sus familias y a sus vidas, miles de ellos amenazados por expedientes judiciales, por falsas acusaciones, por delirantes señalamientos.
Luego de la apretada relación, de los recordatorios que he hecho en este artículo, ¿cabe aceptar pasivamente que en Venezuela han cambiado las cosas desde el 3 de enero?