Aunque no son amenazas palpables hacia la población, hay situaciones en el mundo a las que México debería poner atención. Por nombrar algunas: al momento de escribir estas líneas, el conflicto en Irán sigue su curso y no hay certidumbre sobre su término ni de la estabilización del precio del petróleo. En Ucrania la guerra se ha estancado, debido a que Rusia no ha tomado todo Donbás; no obstante, las hostilidades han servido para probar y sofisticar el uso de drones con fines bélicos. En la franja de Gaza, a pesar de un acuerdo de alto al fuego, Israel continúa bombardeando y ejecutando ofensivas contra territorio palestino.
Estas situaciones llevan a reflexionar sobre qué se ha hecho en México para construir una noción de seguridad nacional (diferente a la seguridad pública). Es cierto que se cuenta con una ley, pero no hace falta detallar la situación que se vive a diario por las disputas entre grupos del crimen organizado. Esto ha conducido, casi de forma habitual, que desde la Casa Blanca se refiera al país como un punto rojo en el tráfico de drogas, dando a entender en más de una ocasión intenciones de bombardeos u operaciones terrestres contra cárteles de la droga. Lo que hay que considerar, es que esta narrativa es parte de un proceso más grande. Me explico: en diciembre de 2024, Doland Trump, en tono de burla, refirió que Canadá podría ser el estado 51, ocasionando tensiones entre ambas naciones que a la fecha persisten. El 20 de mayo de 2025, el mismo Trump anunció el despliegue de un sistema de defensa para Estados Unidos llamado Cúpula Dorada (Golden Dome), con la finalidad de interceptar misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas u otras que pudieran ser usadas contra aquel país. Relacionado con lo anterior, desde el inicio de su segundo mandato, Trump dejó ver sus intenciones de comprar Groenlandia, argumentando motivos de seguridad nacional (aunque de acuerdo con reportes periodísticos otros presidentes estadounidenses habían hecho ofertas), lo que desembocó en tensiones con Europa y, tras una venta masiva de bonos norteamericanos por parte de fondos de pensiones suecos y daneses que impulsaron caídas en Wall Street, Trump reculó.
En tanto, en enero de este año se creó la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC) adscrita al Comando Norte de Estados Unidos, para implementar el conocimiento adquirido en las operaciones contra al Qaeda y el Estado Islámico en la lucha frente al narcotráfico en la región. A esto se suman los ataques por parte de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico, las cuales supuestamente transportaban droga. Además, después de meses de tensiones y negociaciones, se dio la deposición de Nicolás Maduro al frente de Venezuela.
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Lo cual derivó en efectos y mayores presiones para el gobierno cubano, mediante restricciones y prohibiciones en el suministro de petróleo para la Isla, generando apagones y una crisis. Adicionalmente, el 7 de marzo de 2026 se celebró en Florida la llamada Cumbre Escudo de las Américas, en la cual asistieron mandatarios de derecha provenientes de 12 países de América Latina; en el evento se plasmó la intención de crear una coalición militar contra el crimen organizado.
Todos estos eventos parecen aislados y, en el caso de algunos, se han tomado como parte de las locuras de Trump; no obstante, hay que tomarlas en serio. Esta es una de las muchas caras de un mismo dado: la reconfiguración geopolítica de Estados Unidos frente al continente. En este escenario, la respuesta de México ha sido otorgar concesiones en seguridad pública, como detenciones, incautaciones de estupefacientes y el envío de 92 miembros del crimen organizado a territorio estadounidense. Es decir, las contrapartes mexicanas han concebido el contexto como un problema de drogas sin tomar en cuenta el panorama internacional completo.
Frente a lo anterior ¿Hay desde el gobierno una noción de seguridad nacional? Pareciera que no. Sin embargo, no es una situación reciente. José Raúl González Rendón, en un artículo titulado “Violencia política del Estado: El caso de la Dirección Federal de Seguridad” (DFS), refiere que, desde su creación (durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés), la función principal de esta entidad fue, y cito textual, “perseguir y eliminar todos aquellos grupos o individuos considerados como una amenaza a la estabilidad social”. Rendón añade que, aunque se monitorearon grupos guerrilleros por supuestamente llevar a cabo atentados, secuestros, asaltos, asesinatos y otros sabotajes en colusión con agentes de inteligencia extranjeros, también se siguieron los movimientos de sindicatos y agrupaciones que buscaban mejoras sociales.
Asimismo, Rubén Ortiz, en otro artículo titulado “Sitios grises y sitios negros durante la Guerra Fría en México: un acercamiento a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985)”, agrega que aunque la DFS fue pensada como una policía a la vanguardia y con bases científicas, en la práctica nació sin un marco jurídico, usurpó funciones de otras dependencias y fue usada no solo para investigar dirigentes sociales, sino para torturar y asesinar opositores, ganándose el mote de “la gestapo mexicana”. A la postre sus operaciones fueron sustituidas por el hoy desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Es decir, el desacierto histórico del sistema político mexicano fue concebir por mucho tiempo los aparatos de inteligencia como instrumentos de control político y represión. Lo que dejó limitantes para construir un verdadero entramado institucional que permitiera una mejor noción de seguridad nacional (exceptuando a las Fuerzas Armadas). Aunque no tengamos conflictos externos activos, en panoramas adversos no se cuentan con elementos disuasorios suficientes, haciendo que el problema persista.
Por ejemplo, desde antes del 5 de noviembre de 2024, fecha de las elecciones en Estados Unidos, se vislumbraba un posible regreso de Trump a la Casa Blanca; sin embargo, en lugar de tomar medidas precautorias, en medio de una transición de gobierno, se optó por impulsar una reforma al Poder Judicial. En este espacio no se discute si fue buena o mala, pero sirve para ilustrar cómo el control político se prioriza por encima de temas que pueden ser más urgentes a mediano y largo plazo.
No se trata de sugerir una actitud de confrontación al exterior, pero tener la treceava economía más grande del mundo, pertenecer a uno de los bloques comerciales más importantes, ser uno de los países más poblados del planeta, contar con la mayor cantidad de personas hispanohablantes, tener una importante extensión territorial (lugar 14), concentrar entre el 10 y 12% de la biodiversidad global y poseer el tercer ejército más importante de América Latina, son razones suficientes para resolver de una vez por todas nuestro problema de seguridad, mirar hacia afuera y entender que México tiene un papel que jugar, sin dejar de considerar que el mundo se ha vuelto más peligroso.
* Juan Carlos Esqueda Arias
Estudiante de Doctorado en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas del Instituto Mora. Licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Acción Pública y Desarrollo Social por El Colef. Ha laborado en consultorías tratando temas de seguridad pública, economía y desarrollo social. Mientras que en el sector público se ha desempeñado en la Sedeco de la CDMX, el INE y la AMEXCID de la SRE.