La Constitución Mexicana, desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, ha sido objeto de 845 reformas, a través de 278 decretos que han modificado el texto original de acuerdo con las necesidades de los gobiernos en turno, abarcando ideologías políticas que van del cardenismo al neoliberalismo; pero, independientemente del partido en el poder, todos los cambios han mantenido el mismo objetivo de fortalecer el poder presidencial.
En el Constituyente de Querétaro –afirmó Jorge Carpizo–, quedó claro que se dotaba constitucionalmente de amplias facultades al Ejecutivo. Algunos diputados, como Froylán C. Manjarrez y David Pastrana Jaimes, señalaron que se habían limitado las atribuciones del Legislativo y ampliado las del Ejecutivo, propiciando con ello y que con que éste pudiera incluso convertirse en un dictador.
En su libro sobre El presidencialismo mexicano (1978), Carpizo destacó que incluso el artículo 80 de la Constitución utiliza la expresión “supremo poder ejecutivo”, reminiscencia de épocas autoritarias, para recalcar el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo, que se deposita en un solo individuo denominado presidenta o presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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De hecho, señaló por su parte Arnaldo Córdova, es la propia Constitución la que inicia “el proceso de institucionalización del presidencialismo, el cual debía culminar en el sexenio cardenista”, como efectivamente sucedió y se ha venido desarrollando progresivamente desde entonces.
Cuando Venustiano Carranza presentó su proyecto de reformas a la Constitución de 1857, en el discurso inaugural del Constituyente delineó la opción entre el presidencialismo y el parlamentarismo, definiéndose por este último, lo que –según Miguel Carbonell– implicó dotar al Poder Ejecutivo de un gran número de facultades, en tanto se limitaba notablemente las del Legislativo.
Esto con el fin de que no pudiera “estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del Poder Ejecutivo” dijo entonces Carranza; un planteamiento que refleja influencia de las ideas de Emilio Rabasa, quien también sostenía que otorgar excesivo poder al Legislativo habría hecho imposible gobernar dentro de los límites constitucionales, razón por la cual se había instalado en el país una dictadura extra constitucional durante el porfiriato.
A lo largo de más de un siglo (109 años) la Constitución ha experimentado reformas trascendentales que han marcado el rumbo del carácter social del Estado surgido de la Revolución mexicana, como las realizadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934 – 1940) a los artículos 3º, 27 y 123 constitucionales; así como las contrarreformas impulsadas por Miguel Alemán (1946 – 1952), que adaptaron el texto constitucional al modelo de modernización e industrialización.
El sistema político mexicano –señaló Carpizo– ha sido pragmático y ha respondido con medidas concretas a las crisis que se le han presentado. Así, ante el conflicto obrero –ferrocarrilero de 1958– 1959 diseñó el desarrollo estabilizador que duró casi diez años; ante el movimiento estudiantil de 1968, diseñó una estrategia populista basa en un exagerado gasto público, y ante la crisis económico-política de 1976, estructuró un proceso democratizador al que él mismo dio el nombre de “reforma política”.
A partir de la reforma política de 1977, que introdujo la representación proporcional en el Congreso, se inició un proceso de apertura gradual que, lejos de debilitar al presidencialismo, respondió a una estrategia de modernización del propio régimen para preservar su estabilidad y legitimidad. Incluso Jorge Carpizo, como secretario de Gobernación al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue el principal promotor de la reforma electoral de 1994, cuya aportación central fue la “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral.
Posteriormente, la reforma de 1996, impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, representó un punto de inflexión al otorgar autonomía ciudadana plena al árbitro electoral, reduciendo de manera sustancial el control presidencial sobre los procesos electorales. Más adelante, las reformas de 2007–2008, bajo la administración de Felipe Calderón, buscaron limitar la influencia del dinero y de los medios de comunicación en las campañas, mientras que en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se creó el Instituto Nacional Electoral, centralizando la organización de los comicios y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización.
En ese periodo también destacaron la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma energética de 2013, impulsada por la alianza denominada “Pacto por México”, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, la cual sería parcialmente revertida y acotada en 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La reforma constitucional más reciente y controvertida ha sido la del Poder Judicial de 2024, promovida por López Obrador y concretada por Claudia Sheinbaum.
Actualmente se encuentra en puerta una iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum, que aún no ha sido formalmente presentada ante el Congreso, pero se prevé la modificación de por lo menos una docena artículos constitucionales.
Dicha propuesta estaría orientada a reducir el financiamiento de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE); modificar el método de elección de los legisladores plurinominales; alterar la integración de la Cámara de Diputados y del Senado; así como disminuir los tiempos y recursos destinados a la propaganda electoral.
Ante estas últimas iniciativas existe actualmente la percepción, en palabras del politólogo Julio Ríos Figueroa, profesor de Derecho del ITAM (entrevistado por Carmen Aristegui, el 2 de febrero de 2026) , que desde el triunfo de López Obrador en 2018, empezó una lógica de “reconcentración del poder” que se ha trasladado a las leyes y a la Constitución mediante las modificaciones llevadas a cabo por el régimen morenista.