La democracia, a menudo, no se rompe con grandes estruendos, sino que se desgasta en el silencio de las oficinas donde los números no cuadran. El último informe publicado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre Cuenta Pública 2024 es un recordatorio de que, más allá de la propaganda, las dádivas y los cortes de listón, el orden administrativo es la única garantía de que el dinero de todos no termine en un agujero negro.
El desorden no conoce colores partidistas, aunque los protagonistas se muevan de bando. Hay verdaderas “Red Flags” para rastros borrosos del dinero público. El más palmario de la cuenta 2024 de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. La auditoría cubrió 1,500 millones de pesos. El gobierno se vio obligado a regresar un millón y noventa mil pesos porque le hallaron 45 “trabajadores” con un RFC inexistente y 166 personas que cobraron sueldos sin una CURP válida en el registro nacional. Pagar a quien legalmente no existe es la antesala de los “trabajadores fantasmas”, un síntoma de un desorden administrativo que raya en la negligencia.
Hubo también en el gobierno una suerte de extravío digital: la falta de archivos XML en comprobantes fiscales, algo que es, en términos llanos, como intentar colar un gasto millonario con un papel escrito a mano. El PDF es una foto; el XML es la verdad legal que el gobierno no pudo acreditar.
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En cuanto al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, el dictamen es agridulce. La deuda aparece bajo niveles manejables (menos del 6.0% de sus ingresos), la ASF detectó que la información que el gobierno potosino publica en el "Sistema de Alertas" de Hacienda no coincide con lo que dice su propia Cuenta Pública 2024.
Mientras el discurso oficial habla de orden, los registros muestran obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas que superan los 3,600 millones de pesos. Gasta el dinero extra (ingresos excedentes) sin presentar la documentación de su destino ni las autorizaciones correspondientes.
El dictamen de la ASF se pone serio en los Ingresos de Libre Disposición que son, en palabras simples, la "caja chica" gigante de un estado. Si el Gobierno de SLP proyectó que en 2024 recibiría 100 pesos de estos ingresos, pero debido a que la gente pagó más impuestos, terminaron recibiendo 120 pesos. Esos 20 pesos extra son los "Ingresos Excedentes". La Ley de Disciplina Financiera es muy estricta sobre qué se puede hacer con ese “sobrante”.
La ASF dice que el gobierno potosino “no proporcionó la documentación del destino de los ingresos excedentes”, significa que hay opacidad en la ruta del dinero, pues llegó, se gastó, pero no hay una "huella de papel" clara que diga en qué se usó.
También es probable que la propia Secretaría de Finanzas estatal no presentó el documento oficial donde ellos mismos autorizaban mover ese dinero extra a una partida específica. Es como si el contador de una empresa sacara dinero de la caja y lo gastara sin llenar el formato de salida. Al no haber papeles, la ASF no puede saber si el gobierno usó ese dinero para lo que manda la ley (deuda u obra pública) o si lo desvió para gasto corriente (sueldos, viáticos, publicidad), lo cual está prohibido para los excedentes si no se cumplen ciertas condiciones. Significativa observación para un gobierno que pretende auditar el ingreso autogenerado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando la propia ASF señala que no tiene facultades para ello.
El dictamen dice que estas observaciones sobre los excedentes fueron “atendidas antes de la emisión del informe”. En términos para el común, ante el regaño de la ASF, el gobierno de San Luis Potosí tuvo que ir a buscar los recibos, hacer los oficios de autorización que faltaban y demostrar –aunque sea tarde– a dónde se fue ese dinero para evitar una sanción legal o una denuncia penal.
Aunque el gobierno actual presume haber limpiado las finanzas, el historial de la ASF arroja una tradición de discordancia en los números que San Luis Potosí le manda a Hacienda (Sistema de Alertas), diferentes a los que publica en su cuenta pública estatal. Esto no siempre significa robo, desvío o fraude, pero no se disuelve la duda por falta de transparencia. Es como manifestar un sueldo de 10 pesos, pero en los recibos de nómina registran 12.
En 2024 volvió a aparecer la falta de documentos que acrediten a dónde se fueron los ingresos sobrantes. Esto indica que el estado sigue operando bajo una lógica de “gasto primero y justifico después”, falla año con año en comprobar con rigor técnico y transparencia total cómo toma las decisiones de gasto.
El otro “pecado” recurrente de la administración gallardista, a ojos de la ASF, es la falta de evidencia técnica (como los análisis de costo-beneficio de obras grandes), lo que impide saber si las obras que se hacen con dinero extra realmente son la mejor opción para la gente. El mejor ejemplo es la Arena Potosí, inaugurada a fines de 2024.
El mapa de la opacidad se extiende a la esfera municipal. En Rioverde, bajo la gestión del reelecto Arnulfo Urbiola (por el Partido Verde), la ASF determinó que el municipio no realizó una gestión eficiente, con un probable daño al erario de 25.6 millones de pesos, el dictamen es una mancha para una administración que presume continuidad.
En Catorce, el caso de la exalcaldesa María Guadalupe Carrillo (quien del PAN saltó al Verde) es, quizá, el más vergonzoso. La auditoría reveló que el municipio infringió la normativa en el 100% de los recursos federales revisados, con más de 53 millones de pesos sin aclarar. Gastó como se le vino en gana y ya casi al final de su desmecatada administración, corrió a protegerse bajo el amparo del partido del gobernador. Una gestión que la ASF califica, sin ambages, como ni eficiente ni transparente.
Los centros del saber, autónomos o no autónomos no escapan al escrutinio. La Universidad Politécnica carga con observaciones por 4.8 millones de pesos por incumplir leyes presupuestarias, mientras que la UASLP tiene en el dictamen un manejo razonable, pero falló en sus obligaciones de transparencia al no reportar adecuadamente el uso de sus fondos a la Secretaría de Hacienda.
El ciudadano común tiene derecho a saber si sus autoridades invierten bien el dinero de todos o simplemente se lo están gastando.