El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información en la Ciudad de México no partió de cero. Fue la respuesta a una sociedad que ya preguntaba, ya exigía y ya ejercía este derecho.Las más de dos millones de solicitudes de información realizadas en la capital a lo largo de las últimas dos décadas lo confirman: el derecho a saber forma parte de la vida pública de nuestra ciudad.
El pasado 5 de febrero conmemoramos un aniversario más de la Constitución Política de la Ciudad de México, un texto joven que desde su origen se posicionó como un documento de avanzada, con una clara vocación progresista y un enfoque de derechos que va más allá del estándar.
En nuestra Carta Magna, la transparencia y el acceso a la información no ocupan un lugar secundario: están pensados como elementos habilitadores, capaces de hacer exigibles otros derechos y de fortalecer la relación entre sociedad e instituciones.
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Uno de los ámbitos donde esta Constitución muestra con mayor claridad su carácter de vanguardia es el ambiental. El acceso a información sobre la calidad del aire y del agua, el impacto ambiental o el uso de suelo no sólo responde a una exigencia local, sino que dialoga directamente con los principios del Acuerdo de Escazú, que reconoce el acceso a la información ambiental como una condición indispensable para la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el territorio.
Otro eje distintivo es la forma en que el derecho a la ciudad se vincula con la información pública. La Constitución capitalina entiende que habitar la ciudad implica participar en sus decisiones. Conocer cómo se planea el desarrollo urbano, cómo se diseñan las políticas de movilidad o cómo se ejecutan las obras públicas nos permite incidir en el rumbo de la ciudad. La transparencia convierte al derecho a la ciudad en un derecho exigible y no en una declaración abstracta.
La Constitución también deja claro que los derechos sociales sólo pueden actualizarse si existe información pública accesible y comprensible. Educación, salud, cuidados, vivienda o programas sociales requieren datos sobre su diseño, su presupuesto y sus resultados. El acceso a la información permite visibilizar brechas, detectar omisiones y exigir políticas públicas más justas y eficaces.
Finalmente, la Constitución de la Ciudad de México apuesta por una democracia participativa, que no se agota en el voto. Los mecanismos de participación ciudadana, la evaluación de la gestión pública y la rendición de cuentas sólo son posibles si existen reglas claras de acceso a la información. La experiencia de la capital muestra que cuando la información se abre, la ciudadanía participa, cuestiona y mejora la vida pública.
Conmemorar este aniversario de nuestra Constitución no debe quedarse en una celebración simbólica. En un momento de cambio y transformación del derecho de acceso a la información, el mensaje es claro: no retroceder en lo alcanzado y redoblar esfuerzos.
Dar continuidad al compromiso de la Ciudad de México con la transparencia y el acceso a la información es asegurar la vigencia de nuestra Constitución como un instrumento vivo de garantía de derechos. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.