Hace años se decía que “si Estados Unidos tiene gripa a México le da pulmonía”. Si eso era cierto antes, ahora lo es aún más. A la dependencia alimentaria, energética y de inversiones externas, se suma ahora el estancamiento económico.
Para la mayoría de la población el modelo globalizador ha sido desastroso. La salida de la pobreza de millones corre en paralelo a importaciones masivas que sustituyen la producción nacional orientada al mercado interno y contribuyen al desplome de los empleos mejor pagados. Esto a pesar del incremento del salario mínimo que en este enero de 2026 lo eleva a un poder de compra equivalente al 72 por ciento del que tenía en enero de 1977.
Celebramos el peor error de la política económica globalizadora de las últimas décadas; tener un peso fuerte, que conviene a la inversión especulativa pero deteriora la producción, el empleo y los salarios. El 2025 nos dio las primeras señales de que la distribución de transferencias sociales como paliativo económico y generador de apoyo político está llegando a su límite. En 2026 se acentuará la crisis del modelo globalizador de México. Al mismo tiempo la renegociación de la relación comercial con los Estados Unidos pondrá en riesgo la viabilidad de las exportaciones de manufacturas mientras que en sentido contrario habrá presiones para incrementar las importaciones alimentarias, ceder soberanía energética, y limitar las importaciones del sureste asiático.
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La negociación será difícil; una somera revisión del comportamiento de la administración Trump puede darnos indicios de lo que se va a enfrentar.
A pesar de que Trump obtuvo su segunda presidencia con menos del 50 por ciento del voto popular afirmó que tenía un mandato sin precedentes para asumir una toma del poder que constantemente pone a prueba y erosiona límites y tradiciones legales, incluso la constitución de su país. En su primer día en la oficina oval lanzó una andanada de decretos que mostraron su decisión de gobernar sin el congreso y sobre la base de capacidades extraordinarias derivadas de supuestas “emergencias nacionales”.
La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental a cargo de Elon Musk para, supuestamente, luchar contra la corrupción y la ineficiencia, se tradujo en el desmantelamiento de instituciones y programas, recortes de personal y, en general, el debilitamiento de la administración pública de los Estados Unidos.
En julio el Congreso norteamericano aprobó, sin votos del partido demócrata, la “Grande y Hermosa Ley” que extendió fuertes recortes de impuestos a ultra ricos y grandes conglomerados dando a entender que los ahorros en eficiencia gubernamental le darían sustento financiero a esta medida. Lo real fue que la reducción de ingreso público se tradujo en recortes a los presupuestos de asistencia nutricional, a los subsidios médicos y hospitalarios y a otros programas sociales.
Un instrumento preferido de Trump ha sido la imposición de aranceles a las importaciones, justificada en el discurso porque llevaría a la reindustrialización del país, obtendría cuantiosos recursos al gobierno y sería pagada por las empresas exportadoras. Esto último era una afirmación absurda; es obvio que los aranceles son pagados por los consumidores y operan como un nuevo impuesto.
Entre los beneficiados de la redistribución de la riqueza se encuentran, en primerísimo lugar el mismo Trump y su familia, que en el curso de su segunda presidencia se han enriquecido en varios miles de millones de dólares.
El proceso de sustitución del sistema legal por la autoridad personal se extiende a las relaciones internacionales. No bien llegó a la presidencia Trump anunció que tomaría el Canal de Panamá, se apoderaría de Groenlandia y anexaría Canadá a los Estados Unidos. Tanto estas amenazas como la imposición de aranceles y múltiples sanciones a multitud de países constituyeron formas de presión para obtener concesiones institucionales y, muchas de ellas, personales.
Las presiones sobre Venezuela, el robo de sus reservas en oro, múltiples sanciones, desplantes militares y asesinatos más la incautación de buques petroleros con alrededor de 3.5 millones de barriles de petróleo fueron el antecedente del ataque directo. Ante estas presiones el presidente Maduro invitó a Estados Unidos a participar en la producción de petróleo, no fue suficiente.
Ayer sábado Trump presumió los bombardeos sobre la capital y otras regiones de Venezuela, el secuestro de su presidente y su esposa, y señaló que en adelante Estados Unidos participaría fuertemente en la producción petrolera del país; el objetivo real de la campaña económica, propagandista y militar.
Está por verse la reacción del pueblo y el ejército venezolanos. A estas alturas no es posible saber si sobre la base del quintacolumnismo interno se instalará con facilidad un gobierno títere o si se ha iniciado una guerra prolongada que recordaría un nuevo Vietnam o un Afganistán latinoamericano.
El gobierno de México condenó y rechazó enérgicamente la intervención de los Estados Unidos; hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y exige cesar la agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.
No basta.
Es urgente instrumentar una estrategia de preparación ante el riesgo incrementado en la relación con los Estados Unidos. Trump anunció explícitamente que aplicaría una doctrina Monroe potenciada que virtualmente convierte a Latinoamérica en su patio trasero. Además decretó que el fentanilo es un arma de destrucción masiva abriendo posibilidades de intervención en México.
La renegociación del TMEC, o lo que es más probable, su sustitución por un abanico de acuerdos bilaterales acordes a las ambiciones de Trump será difícil y de alto riesgo.
México no debería y de hecho ya no podrá, negociar con Trump atendiendo únicamente a los intereses del sector globalizado y transnacionalizado de la economía nacional. Es imperativo renegociar priorizando la defensa de la hasta ahora despreciada y maltratada economía interna: alimentos, calzado, textiles y vestimenta, electrodomésticos, entre muchos otros productos que ahora se convierten en estratégicos.
Los productores agrícolas encabezan una exigencia de reorientación de la estrategia, sacar a la agricultura del TMEC. Una demanda que parecería más afín al instinto social y nacionalista de la actual administración, que debe reforzarse al ver las barbas de nuestro vecino cortar, pero que entra en conflicto directo con los intereses de los Estados Unidos y de los sectores globalizados y exportadores de México.
La perspectiva para 2026 es de transformación radical; para bien o para mal. Cediendo a la presión externa o cambiando a una estrategia de seguridad interna y soberanía. Hay que ir hacia una quinta transformación altamente inspirada en el esfuerzo organizador que impulsó el cardenismo el siglo pasado. Crear las condiciones de organización social a múltiples niveles, de diálogo y reflexión libre y democrática será un requisito para mantener la unidad nacional y la paz interna ante un futuro turbulento.