El Instituto Nacional Electoral (INE) desde su creación con la reforma político electoral de 2014, la misma que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, ha venido impulsando una serie de acuerdos y medidas para fortalecer la presencia de las mujeres en la política y los espacios públicos.
Entre las principales destacan la implementación de acuerdos por parte de su Consejo General, su máximo órgano de decisión, que materializaron, por ejemplo, la paridad en los poderes ejecutivos locales en 2021, 2022, 2023 y 2024, medida que ha permitido un aumento significativo en la representación de las mujeres en diversos niveles de gobierno hasta llegar a 13 en la actualidad; el desarrollo de diversos programas de capacitación dirigidos a mujeres que buscan participar en elecciones para obtener un cargo de elección popular; la realización de campañas de concientización que han tenido la finalidad de resaltar la importancia de la paridad de género libre de violencias; la implementación de mecanismos de observación electoral para garantizar que las mujeres tengan un acceso equitativo en los procesos electorales; análisis de la cobertura mediática de personas candidatas para resaltar la necesidad de que los medios de comunicación realicen una cobertura equitativa, medidas afirmativas para garantizar la participación de mujeres en condiciones de equidad, entre muchas más.
En este contexto, y toda vez que los partidos tienen derecho al financiamiento público para el cumplimiento de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas que les otorga la normatividad, la ley determina que deben destinar, al menos, un 3% para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.
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Por ello, desde 2018 el INE aprobó el “Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”, cuyos últimos ajustes fueron realizados en 2024 con base en las experiencias registradas en los procesos electorales, así como con la extensión de criterios de calidad y buenas prácticas incorporadas en el Plan de Actuación 2024-2026.
Este Protocolo establece un marco normativo amplio sobre los alcances de fortalecer la presencia de las mujeres en política, las resoluciones jurisdiccionales que obligan a los partidos políticos a garantizar la igualdad y la no discriminación, las referencias que se sugieren para canalizar adecuadamente metas tangibles para el ejercicio del 3%, por ejemplo en sus Programas Anuales de Trabajo y, finalmente, se presentan recomendaciones para que los partidos lleven a cabo un uso eficiente y efectivo de los recursos públicos, sobre todo a la luz de diversos dictámenes de fiscalización, en los que una propuesta de reforma al Reglamento de Fiscalización también proponía cambios importantes para garantizar que estos recursos se erogaran para actividades que sustantivamente cumplieran con los fines establecidos por la normatividad, sin permitir simulaciones.
Entre los principales resultados de este Protocolo resaltan la capacitación que han tenido las mujeres en temas políticos a través de la realización de talleres, cursos y seminarios especializados que les han brindado herramientas y habilidades de comunicación, gestión de proyectos, de presupuestos, negociación, entre otros, que les han permitido participar más activamente en la esfera pública.
Asimismo, este Protocolo ha sido el impulso para la creación de redes de apoyo de mujeres políticas lo que ha fomentado sinergias y alianzas comunes para fortalecer la presencia de las mujeres en cargos de elección popular, la necesidad de directrices detalladas en programas de trabajo medibles para el ejercicio del 3%, entre otras.
Sin embargo, me parece que el mayor alcance relacionado con la implementación de buenas prácticas está en la necesidad de una dirección eficiente del gasto programado con el objetivo de asegurar la transparencia en su asignación y correcto uso, es decir, que esté dirigido al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres para lograr una auténtica igualdad de género en la representación política y con sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
Del mismo modo se busca que, en la asignación correcta de los recursos se implementen metas evaluables que permitan medir y evaluar la planeación estratégica adoptada por cada partido político.
Sobre estos dos últimos objetivos, recientemente el INE brindó una capacitación a las mujeres encargadas de elaborar el Plan de Trabajo para el cumplimiento de la asignación del 3% que equivale a un monto de financiamiento público de 221 millones 044 mil 549 pesos para la presente anualidad.
Con estas actividades el INE sigue implementando acciones para lograr una de las finalidades de todo sistema democrático: la igualdad sustantiva.