El rumbo de la gobernanza internacional en 2026 se encuentra profundamente condicionado por la persistencia y transformación de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento militar regional para convertirse en un caso paradigmático de las tensiones estructurales que atraviesa el sistema internacional contemporáneo. A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania se sitúa en el centro de un entramado de dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y normativas que revelan tanto los límites como las mutaciones de la gobernanza global en un entorno marcado por la fragmentación del poder, la competencia estratégica y la erosión de consensos multilaterales.
Desde la perspectiva de la gobernanza internacional, la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la creciente dificultad de las instituciones multilaterales para actuar como garantes efectivos de la paz y la seguridad colectivas. El sistema construido tras el fin de la Guerra Fría, basado en normas, reglas y mecanismos de resolución pacífica de controversias, se enfrenta en 2026 a un escenario en el que los principios de soberanía, integridad territorial y no uso de la fuerza son abiertamente desafiados por potencias revisionistas. La parálisis decisoria en foros clave, particularmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha reforzado la percepción de una gobernanza internacional incapaz de responder de manera oportuna y vinculante a crisis de alta intensidad, trasladando el peso de la acción política a coaliciones ad hoc y alianzas militares como la OTAN, cuya centralidad estratégica se ha visto revitalizada por la guerra en Ucrania.
En este contexto, Ucrania se convierte en un espacio de convergencia entre la lógica de la seguridad colectiva y la competencia geopolítica entre bloques. El respaldo político, militar y financiero de Estados Unidos y la Unión Europea, canalizado en gran medida fuera de los marcos universales de gobernanza, refleja una tendencia hacia la regionalización y selectividad de la cooperación internacional. Esta dinámica, si bien ha permitido sostener la capacidad defensiva ucraniana, también profundiza la fragmentación del orden internacional, al consolidar un sistema en el que las reglas se aplican de manera diferenciada según alineamientos estratégicos, debilitando la legitimidad de las instituciones multilaterales tradicionales.
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En un análisis prospectivo de 2026, hay que destacar que la gobernanza internacional se encuentra cada vez más delimitada por la confrontación geoeconómica. Y en el caso de Ucrania, esto se traduce en una guerra que no solo se libra en el terreno militar, sino también en los ámbitos financiero, energético, tecnológico y comercial. Las sanciones impuestas a Rusia, el uso estratégico de los mercados energéticos y la reconfiguración de cadenas de suministro críticas han convertido al conflicto en un laboratorio de gobernanza económica coercitiva, donde las herramientas de interdependencia se utilizan como instrumentos de poder. Para Ucrania, esta realidad implica una inserción internacional profundamente condicionada por decisiones externas, en la que su reconstrucción y viabilidad económica dependen en gran medida de la capacidad de los actores internacionales para coordinar políticas de apoyo en un entorno de creciente rivalidad sistémica.
La gobernanza global en 2026 también enfrenta un desafío normativo de largo alcance: la redefinición de las reglas que rigen la guerra, la seguridad y la responsabilidad internacional. La guerra en Ucrania ha reabierto debates fundamentales sobre la eficacia del derecho internacional humanitario, la rendición de cuentas por crímenes de guerra y el papel de tribunales y mecanismos internacionales de justicia. Sin embargo, la aplicación selectiva de estos instrumentos y la resistencia de actores con poder de veto a someterse a ellos refuerzan una percepción de doble estándar que erosiona la autoridad moral y jurídica del sistema internacional. Para Ucrania, esta ambigüedad normativa implica una lucha constante por mantener su causa en la agenda internacional y por traducir el respaldo político en compromisos jurídicos sostenibles.
En términos geopolíticos, el impacto del rumbo actual de la gobernanza internacional sobre Ucrania se manifiesta en la prolongación de un conflicto de desgaste que tiende a institucionalizarse. La ausencia de un marco multilateral eficaz para la negociación y la resolución del conflicto favorece escenarios de congelamiento inestable, en los que la violencia de baja o media intensidad coexiste con esfuerzos diplomáticos fragmentados. Esta situación refleja una gobernanza internacional más reactiva que preventiva, orientada a gestionar crisis en lugar de resolverlas, y condiciona las perspectivas de seguridad y desarrollo de Ucrania en el mediano plazo.
Así, el caso ucraniano en 2026 ilustra con claridad las tensiones inherentes al nuevo rumbo de la gobernanza internacional: un sistema menos universal, más fragmentado y crecientemente instrumentalizado por las grandes potencias. La guerra de Rusia y Ucrania no solo redefine el equilibrio de poder en Europa, sino que actúa como un catalizador de transformaciones más amplias en la arquitectura de seguridad global y en los mecanismos de gobernanza económica y normativa. En este escenario, Ucrania se mantiene como un punto neurálgico del orden internacional en disputa, evidenciando que el futuro de la gobernanza global dependerá, en buena medida, de la capacidad —aún incierta— de la comunidad internacional para reconciliar la competencia estratégica con principios efectivos de cooperación, legalidad y responsabilidad colectiva.
Rosy Arlene Ramírez Uresti, miembro de la UER Conflicto Rusia-Ucrania de COMEXI