En los últimos días se ha intensificado el debate en torno a los temas que están en la discusión pública relacionados con la llamada Reforma Electoral. Y no es para menos, ya que algunos rubros han generado múltiples opiniones tanto de legisladoras y legisladores, académicos, periodistas, expertos en la materia, entre otros.
Algunos actores políticos incluso se han pronunciado en el sentido de que ven inviable la implementación de una reforma electoral en estos momentos. Otros tienen opiniones encontradas en torno a las propuestas que se han hecho públicas tanto por la presidencia de la República como por la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
Entre las temáticas que han causado más polémica tenemos defensa de la autonomía e independencia de las autoridades electorales; la reducción al financiamiento que reciben los partidos políticos, principales vehículos para el acceso al poder público; la posibilidad de nuevas reglas para la obtención de registro como partido político que presenten diversas agrupaciones políticas, así como el umbral mínimo de votación requerida para que puedan conservar su registro; la revisión del modelo de comunicación política relacionada con una regulación más estricta de la propaganda electoral; la posible regulación de la propaganda en redes sociales, así como el análisis de la posible disminución de curules por la vía de representación proporcional, así como el método para su designación.
Te podría interesar
Por su parte, las autoridades electorales han referido la necesidad de fortalecer las atribuciones del INE para que pueda realizar una fiscalización electoral más robusta con el objetivo de que nuestro sistema electoral tenga la transparencia suficiente que genera equidad y transparencia para una auténtica rendición de cuentas.
Asimismo, tanto autoridades electorales, como académicos y personal experto en materia electoral han señalado la necesidad de explorar el uso del voto electrónico no solo para facilitar el derecho al sufragio de la ciudadanía, también como un esquema de oportunidad y prontitud en los resultados electorales y un ahorro presupuestal en un mediano plazo. Incluso se ha propuesto el voto por internet como una medida de votación para aquellas zonas con índices delictivos altos o la incidencia del crimen organizado como una medida para salvaguardar el voto e inhibir la presencia de grupos que irrumpan el desarrollo de los procesos electorales.
Ni que decir de otros temas como la inclusión en la normativa electoral de acciones afirmativas que permitan representar a segmentos de la población históricamente discriminados, el fortalecimiento del principio de paridad de género, así como la determinación de un esquema más efectivo de sanciones a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ante este abanico de temas polémicos, ¿cómo llevar a buen puerto la aprobación de una reforma electoral que garantice elecciones libres, equitativas, incluyentes, libres de violencia y democráticas?
En principio la mejor medida es el consenso que solo se logra con apertura democrática, escuchando pros y contras de diversos temas, pensando no en un proyecto político sino en beneficio de la ciudadanía y de lo que el país requiere.
Otro punto es la participación de todos los actores políticos y que, como hemos visto, el PAN y el PRI han anunciado que no avalarán la reforma electoral en tanto que el PVEM y el PT se han pronunciado de manera enérgica por la no eliminación de diputaciones de representación proporcional.
El camino para su aprobación se vislumbra difícil y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y el partido político Morena, deben de tener en cuenta que si quieren llevar a buen puerto la reforma electoral es indispensable los acuerdos en entendimiento mutuo y la canalización de las demandas ciudadanas. De lo contrario la reforma corre el riesgo de naufragar.