Cada año, el 8 de septiembre marca un momento clave para México, pues es la fecha límite para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, envíe al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el próximo año. A partir de esa fecha, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores analizarán, discutirán y eventualmente aprobarán la Ley de Ingresos de la Federación (20 de octubre como máximo en Diputados y 31 de octubre en el Senado) y, posteriormente, la Cámara de Diputados hará lo conducente con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 (a más tardar el 15 de noviembre).
El presupuesto del próximo año toma especial importancia pues no sólo observaremos las prioridades de gasto y la asignación de recursos a los distintos programas y proyectos emblemáticos de la presente administración federal, sino también, la respuesta que el gobierno pretenda dar a distintos problemas y presiones que impactan a la economía y a las finanzas públicas nacionales.
Por ejemplo, será relevante ver la forma en que se abordará el tema de los aranceles, esto es, si vendrán cambios en la política comercial del país y hacia qué países o regiones se dirigirán; si habrá respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos, o bien, si las medidas proteccionistas, en caso de presentarse, se centran en los países asiáticos, particularmente en China; y si a través de la política arancelaria y aduanera se busca combatir el contrabando de productos.
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Otro tema relevante será la organización, desde el presupuesto, de las distintas acciones y proyectos incluidos en el Plan México dado a conocer en enero pasado. Los recursos que se le asignen darán forma a esta nueva política de impulso al crecimiento e industrialización que lleva a cabo el gobierno federal.
Lo anterior en un contexto de ajuste fiscal. Este año el gobierno planea llevar el déficit público al 4% del PIB, luego del 5.7% observado en 2024. De acuerdo con el documento de Pre-criterios 2026, para el próximo año se esperaría que el ajuste persista, con un déficit entre 3.2%-3.5% del PIB y una deuda pública que alcance el 52.3% del PIB.
Con un espacio fiscal restringido, será importante revisar si el gobierno decide ampliarlo a través de modificaciones en las tasas impositivas, o bien, en la forma en que se cobran los impuestos y derechos existentes. No sólo se trata del ISR o el IVA sino también los impuestos especiales (a gasolinas, tabaco, alcohol, refrescos, etc.) y los derechos que cobra la administración pública federal por los servicios que presta (permisos, concesiones, pasaportes, etc.)
Entre las variables más relevantes sobre las que se basan algunos de los escenarios de recaudación se encuentran: el crecimiento económico, que durante el primer semestre del año alcanzó 0.5%; el precio de la mezcla mexicana de petróleo que, en lo que va de 2025 promedia 63.6 dólares por barril; la tasa de interés (Cetes a 28 días) que promedia 8.60%; la inflación, que se ubica en 3.51% (a julio) y el déficit de cuenta corriente, que alcanzó el 1.2% del PIB durante la primera mitad del año.
Los recursos públicos no le pertenecen al gobierno, son de la ciudadanía. Por ello, debemos estar atentos a que se utilicen de forma eficiente, que se alcancen los objetivos planteados, que no existan desvíos y desperdicios, que se ejerzan con transparencia, y que se cumplan los criterios de rendición de cuentas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), cada año elabora un análisis del Paquete Económico para acercar esta información a la sociedad. El documento podrá consultarse a partir del próximo 11 de septiembre en www.ciep.mx.
José Luis Clavellina Miller*
Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Entre sus intereses se encuentran la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo.