Mientras la inversión privada se contrae y la deuda crece, el mercado laboral pierde dinamismo y la infraestructura pública se abandona.
A la fecha de publicación de esta columna, tenemos todo lo contrario para mantener una economía estable; distintos indicadores económicos están históricamente bajos; la creación de empleos está por los suelos; la inversión nueva no existe; y la certidumbre jurídica es algo del pasado. El Paquete Económico 2026 traza sus planes pasándole por encima a la calidad de vida de todos los mexicanos, dirigiendo la deuda a paraestatales no rentables y proyectos sin futuro.
Según datos del INEGI, la inversión fija bruta cayó 6.9% durante el primer semestre del 2025, la inversión privada cayó 4% y la pública 24%. Las empresas extranjeras ya invierten con resignación; se presume que la inversión extranjera bruta tuvo un alza anual de 10%, pero el 84% es la reinversión de sus ganancias. Sin crecimiento económico, no hay empleos y la obra pública no está generando confianza a la iniciativa privada.
Te podría interesar
Esto ya se ve reflejado en los primeros cinco meses del 2025, que tuvieron una generación de empleo 59% menor que la del mismo periodo del año pasado, acompañado de una pérdida neta de empleos consecutiva de -47,442 en abril, -45,624 en mayo y -46,378 en junio. Aun con el alza que dio la afiliación de trabajadores de plataformas digitales, el mes de junio no pudo evitar cerrar con pérdidas netas. El mercado laboral se contrae por la incertidumbre hacia el futuro, sin inversión dirigida a reactivar la economía, el mercado laboral no se recuperará ni crecerá.
Dentro del Paquete Económico se planea un déficit de 4.1% del PIB, siendo el gasto neto más de 10 billones de pesos. La deuda pública se mantendrá alrededor de 52% del PIB y el costo para mantener la deuda rondará el 5% del PIB, ambos a niveles históricamente altos. No hay margen de error; cada peso de inversión pública debe ser destinado a proyectos que fomenten el crecimiento económico.
Mientras la inversión presupuestada física es de 960 mil millones de pesos, trece proyectos concentran más de la mitad. Entre ellos destacan los trenes, 104 mil millones para nuevas rutas y 30 mil millones para el Tren Maya. Obras no rentables que requieren de transferencias para poder operar.
Para el sector energético, se destinarán 327 mil millones en inversión física, de los cuales 247 mil millones serán para Pemex. Para la CFE se destinarán 61 mil millones que, con base en datos del Banco Mundial, un análisis de Pámanes Consulting indica que la CFE necesitará más de cinco veces su presupuesto para desarrollar su plan de ampliación y mejora de infraestructura. Sin esta ampliación de capacidad, no hay red eléctrica que alimente el crecimiento económico del país.
Para compensar este desbalance fiscal, se ha decidido subir los aranceles a 15% a países sin tratados comerciales y hasta 50% a productos chinos. Se recaudarán más impuestos y se protegerán algunos sectores, a costa de desalentar las intenciones de instalación de nuevas plantas de manufactura y de grandes cadenas de suministro internacional que se podrían instalar en el país, ahuyentando la inversión extranjera, que a duras penas tendría la capacidad eléctrica para operar.
El deterioro de confianza sobre el país ya es tangible. Desde que la presidenta Sheinbaum tomó protesta en octubre de 2024 hasta junio de 2025, la inversión fija bruta en el país no ha hecho más que caer, acumulando una caída de 10%. La gobernabilidad ya es un nuevo factor de alerta para los inversionistas. La elección popular de jueces aprobada en septiembre de 2024 pone en duda la independencia del Poder Judicial. Agencias calificadoras como Moody’s afirman que esta reforma afecta a la credibilidad y confianza hacia el país. Lo que aumenta el riesgo de invertir en México, frenando la inversión extranjera por miedo.
Para sumar tensión al año entrante, se revisará el T-MEC que tratará temas como las reglas de origen y de política energética. Con México acumulando denuncias de incumplimiento, cuyos fallos se pagarán con penas arancelarias, solo se añade más incertidumbre a posibles inversionistas y proyectos sobre manufactura y exportación en el país.
La situación es clarísima; sin empleos formales no hay contribuyentes; sin certeza jurídica y energética no hay inversión que genere empleos. Si la deuda no se destina a fomentar el crecimiento económico, la deuda recaerá principalmente en la clase media, con el incremento de impuestos, inflación, recortes en instituciones y con ineficiencia en los servicios públicos como la salud y la educación, dificultando aún más la movilidad social. Acompañado de recortes en el mantenimiento de infraestructura pública, ocasionando baches en carreteras y calles e inundaciones constantes por el colapso de drenajes, afectando la calidad de vida en las ciudades. Si no se cambia la manera de gastar, México caerá en un ciclo autodestructivo de deuda, desconfianza y estancamiento económico.