A lo largo de los últimos meses se han efectuado redadas para la detención y deportación de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Estas se llevan a cabo de forma estratégica, basándose en información recabada de las bases de datos del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés; Servicio de Impuestos Internos o Servicio Interno de Rentas) o proporcionada por ciudadanos.
Esto ha suscitado una serie de protestas contra las redadas, destacando las del Estado de California, donde hay gran presencia de mexicanos. Los mexicanos representan el 23% de los 47.8 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2023. De ellos, el 60% vive en California o Texas (Migration Policy Institute, 2024).
Como respuesta, el presidente Donald Trump —rostro del racismo y la supremacía blanca— ordenó el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, un acto sin precedentes desde 1965. Esta acción representa un paso claro hacia el autoritarismo: ningún presidente, en los últimos 60 años, había violado abiertamente la Décima Enmienda para imponer por la fuerza una orden de represión de esta magnitud.
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El tema migratorio es sumamente delicado, sobre todo en un contexto global de ascenso de la extrema derecha, con figuras como Milei, Bukele y Netanyahu, señalado por crímenes de guerra en Gaza. Ninguno ofrece propuestas reales de cambio estructural: su discurso gira en torno a la eliminación de instituciones y el autoritarismo disfrazado de orden. Es la lógica del Estado como monopolio legítimo de la violencia, llevada al extremo.
Debemos recordar que la migración no siempre es una elección voluntaria: es huir de la violencia, falta de oportunidades y búsqueda de una vida digna. Las acciones de Trump atentan contra ese anhelo, la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Existen leyes migratorias, sí. Pero también existe la memoria histórica: no hay ilegales en tierras robadas. Gran parte del suroeste de Estados Unidos perteneció a México y tribus originarias. Fue mediante el despojo y la violencia que se anexaron esos territorios. Cuestionar la legalidad de la migración en territorios construidos sobre el despojo histórico implica revisar el relato dominante.
Ahora más que nunca, el mundo debe voltear a ver lo que está ocurriendo. No se trata sólo de un asunto diplomático. Lo que está en juego es el respeto a la dignidad humana y a los principios básicos de democracia. Los pequeños, pero preocupantes indicios de autoritarismo, no deben ser minimizados ni ignorados.
Recordemos que no solo nos une la identidad nacional. Nos une el hecho de ser humanos. Como bien escribió Cormac McCarthy en “En la frontera” (1994): “Lo que creo es que los muertos no tienen nacionalidad”. Esta frase nos recuerda que los nacionalismos vacíos, diferencias de raza, clase y la indiferencia ante la injusticia no tienen cabida en un mundo que pretende llamarse libre.
Si no actuamos ahora, no solo nuestros paisanos sufrirán la represión. Si permitimos que la xenofobia decida quién merece derechos, todos perdemos.