Cuando fue anunciada la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dos aspectos básicos me generaron duda. La primera, respecto si una reforma a todo el andamiaje electoral debía provenir del Poder Ejecutivo Federal, me parece que el planteamiento debió ser, desde el principio, el Legislativo.
La segunda, está relacionada con las temáticas anunciadas, en la que destacan reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento de los partidos políticos, revisión de la forma en que son asignados las y los legisladores que son electos por la vía de la representación proporcional, entre otros, y que diversos actores políticos, consejeras y consejeros del INE y magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, académicos y especialistas han ido ampliando.
No obstante, quiero centrarme a un par de temas que, desde mi punto de vista, deben ser consideradas en el análisis y discusión de la reforma: la paridad de género y la creciente violencia contra las mujeres en la esfera política.
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En el primer caso, a partir de que quedara registrada el principio de la paridad de género en la Constitución en 2014, ha sido notorio el crecimiento, la visibilidad y resultados de las mujeres en la representación política y en el ejercicio del poder público. No obstante, es necesario fortalecer la paridad en aquellos espacios donde no logra consolidarse. Para ello propongo, el análisis particular de, al menos, las siguientes temáticas:
- Toda vez que los partidos políticos siguen siendo las instancias predominantes en la esfera pública y que a través de ellos la mayoría de las mujeres, luego de obtener una candidatura, pueden obtener un triunfo electoral, es necesario elevar el 3% del financiamiento público ordinario que tienen destinado para la capacitación, promoción y el adecuado liderazgo de las mujeres. Nos parece que destinar, al menos el 10% podría ser un piso mínimo que se vaya incrementando de manera gradual.
- Sería oportuno que el Legislador establezca claramente sanciones severas por incumplimiento no solo del adecuado destino de estos recursos, sino también su debida acreditación de su uso de acuerdo con la fiscalización que realice el INE.
- El INE ha anunciado que trabajará en criterios para implementar la paridad de género para el cargo de la presidencia de la República para 2030. Hacemos votos para que no ocurra algo similar como lo visto en las elecciones de 2021; prácticamente todos los partidos pugnaron por fortalecer la paridad de género, pero en cuanto el INE presentó el proyecto para incidir, por primera vez en la historia en la paridad en los poderes ejecutivos locales, las impugnaciones no se hicieron esperar ante las autoridades jurisdiccionales electorales.
- Es impostergable avanzar hacia la paridad en el espectro de la representación municipal que es el ente en donde se ha avanzado menos.
Ahora bien, entre mayor visibilidad y representación política de la mujer otro fenómeno se ha incrementado de manera importante: la violencia política de género. Esta situación, irrumpe con el pleno crecimiento y desarrollo de las mujeres, las violenta, las invisibiliza y las discrimina.
Es necesario, al menos que el Legislador plasme tajantemente en la ley que ninguna persona que tenga por acreditada la violación de la #8De8ContraLaViolencia pueda, aun siendo candidata o candidato, obtener un triunfo electoral. Incluso, el legislador haría bien en revisar e incrementar las sanciones tanto para el partido postulante como para la persona candidata que corresponda.
La legislación electoral debe generar un auténtico manto protector para el ejercicio del periodismo para que no se provoque censura y se atente contra la libertad de expresión en los procesos electorales; incluso garantizarle a la ciudadanía su plena libertad de opinión tal cual lo establece nuestra Constitución.
Está en manos del Legislativo la gran oportunidad para avanzar en una auténtica igualdad sustantiva y buscar erradicar la violencia de género que atenta contra las mujeres y contra nuestra democracia.