En un movimiento que mezcla cálculo político con oportunismo mediático, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de vínculos con cárteles mexicanos y de mantener relaciones con políticos de MORENA. La acusación se da apenas días después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera duplicar la recompensa por la detención de Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, señalándolo como uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
En apariencia, la denuncia de Moreno intenta proyectar un compromiso férreo contra el narcotráfico y contra regímenes autoritarios, sin embargo, el trasfondo revela más bien una jugada de alto contenido simbólico y bajo sustento jurídico. La política se alimenta de gestos y mensajes más que de expedientes sólidos, y este caso parece responder a esa lógica.
Nadie en su sano juicio podría considerar a Nicolás Maduro como un demócrata o un gobernante legítimo, su historial de represión, manipulación electoral y corrupción es abrumador. Acusarlo directamente de ser pieza clave en la crisis de opioides y cocaína que enfrenta Estados Unidos y de paso, vincularlo con grupos criminales mexicanos, es dar un salto retórico que no se sostiene con evidencias públicas. Hasta ahora, la narrativa que envuelve a Maduro como capo de capos ha sido impulsada principalmente desde Washington, en el marco de su disputa ideológica y geopolítica con Caracas, más que desde tribunales internacionales.
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En ese sentido, Alito Moreno se sube a un tren que no conduce tanto a la verdad judicial como a la ganancia política, la denuncia, por sí sola, carece de la capacidad real de provocar consecuencias legales contra Maduro desde México, pero sí le permite al PRI intentar reposicionarse como una fuerza opositora combativa, vinculando a MORENA con el espectro de la corrupción internacional y el narcotráfico. El objetivo no es judicializar, sino mediatizar.
Lo preocupante es que este tipo de acciones contribuyen a diluir el debate serio sobre el crimen organizado y sus verdaderas redes de poder. Si todo se convierte en un arma retórica, la atención se dispersa y se pierde la oportunidad de discutir cómo combatir efectivamente el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la penetración del crimen en la política nacional. Maduro puede ser indefendible como gobernante, pero eso no equivale automáticamente a que sea el artífice de la crisis de estupefacientes que sufren Estados Unidos y buena parte de América Latina.
La denuncia de Alejandro Moreno, más que un acto de justicia parece un movimiento de ajedrez en el tablero político. Un movimiento que busca aprovechar la coyuntura internacional para anotar puntos en la narrativa interna, aunque para ello se recurra a una acusación difícil de comprobar y que, en el fondo, poco aporta a la lucha real contra el narcotráfico.
En política, las coincidencias no existen y en este caso, la sincronía con la narrativa de Donald Trump es demasiado perfecta como para pensar que se trata de un acto de convicción genuina. Alejandro Moreno no ha podido llevar a su partido a buen puerto en la competencia política y más de una vez ha dejado claro que es capaz de todo con tal de no perder cobertura mediática que le permita criticar a los gobiernos de MORENA, aunque sus afirmaciones carezcan de todo sustento. Alito debería dedicar más tiempo a la reconstrucción de su partido que a intentar subirse a cualquier tema que lo coloque en los titulares de los medios de comunicación.