Lo que ocurrió en la frontera con Guatemala no solo refleja la expansión del crimen organizado. Expone algo más inquietante: su alianza tácita con fuerzas oficiales del Estado guatemalteco.
El 8 de junio, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Policía Estatal Preventiva fueron emboscados en Las Champas, Chiapas. Balas de grueso calibre y granadas de fragmentación marcaron el inicio de una jornada violenta.
Cuatro presuntos criminales fueron abatidos. El operativo derivó en el aseguramiento de camionetas blindadas, fusiles AK-47 y R-15, chalecos, cargadores y una granada percutida.
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Hasta ahí, un episodio extremo dentro del ya habitual clima de violencia que envuelve la frontera sur. Pero la historia dio un giro inesperado al cruzar la línea.
Uno de los vehículos tácticos mexicanos, conocido como “rino”, quedó atrapado del lado guatemalteco. Lo que siguió está registrado en video: civiles armados y policías guatemaltecos rodeando la unidad, apuntando sus armas, intentando abrirla.
La llegada de dos patrullas mexicanas desató el fuego. Policías y supuestos sicarios, en coordinación, respondieron desde territorio guatemalteco contra las fuerzas mexicanas.
La imagen es nítida: en esa franja de tierra, el crimen ya no necesita esconderse. Se defiende de la mano de uniformados.
Guatemala guarda silencio. No hay versión oficial, no hay deslinde, no hay investigación. La omisión es una forma de consentimiento.
México, por su parte, sostiene que cruzó la frontera para evitar la captura ilegal de sus elementos. Un acto de protección que podría desencadenar consecuencias diplomáticas.
Pero ¿qué debe hacer un Estado cuando sus agentes son acorralados por fuerzas extranjeras aliadas del crimen? ¿Mirar hacia otro lado?
Las instituciones guatemaltecas, en lugar de contener al delito, parecen haberle ofrecido abrigo. Y eso las sitúa, no en el campo de la legalidad, sino del descrédito.
La frontera sur, convertida en corredor del crimen, ahora muestra un rostro más turbio: aquel donde policías y sicarios disparan desde la misma trinchera.
Chiapas se sostiene con operativos tácticos. Pero no es suficiente. Ni con balas ni con blindajes se puede frenar una estructura que opera con respaldo institucional guatemalteco.
Este episodio obliga a redefinir la política exterior en la región. No basta la cortesía diplomática cuando lo que está en juego es la soberanía.
La complicidad, cuando es uniforme, se vuelve más peligrosa que el crimen en solitario. Porque ya no actúa desde la sombra, sino desde el poder.
México debe exigir explicaciones. Y Guatemala debe hablar. Callar ante los videos no los borra. Los amplifica.
Cuando el crimen cruza fronteras, la seguridad se vuelve compartida. Pero cuando la complicidad es oficial, como ocurre en Guatemala, la impunidad se vuelve costumbre.
La frontera sur no puede seguir siendo ese territorio donde la ley retrocede y el silencio se impone. Es momento de romper el pacto del miedo.