Como anunciaron algunos miembros de Morena, no hubo poder humano que detuviera la elección judicial y esta se llevó a cabo el domingo pasado generando los resultados que ya todos conocemos: una participación ciudadana baja y una percepción bastante generalizada de que los órganos judiciales más importantes estarán conformados por quienes el partido mayoritario impulsó. No hubo sorpresas.
La pregunta es ¿qué sigue ahora? Y dado que tendremos elecciones judiciales para rato, por lo menos las que están programadas para 2027 donde 17 estados del país deberán elegir jueces y magistrados, es importante analizar qué aprendimos de este primer ejercicio. En mi opinión son cuatro las primeras lecciones del pasado 1 de junio.
1. El Poder Judicial requería una reforma y la mayoría de la gente lo piensa
La mayoría de las y los ciudadanos tiene una mala percepción del Poder Judicial ya sea porque ha tenido alguna mala interacción propia o cercana o no tiene suficiente conocimiento sobre sus funciones y se ha hecho una idea parcial o incorrecta. Esto, de acuerdo con diversas encuestas, hizo que una importante mayoría apoyara la idea de una reforma y la elección de personas juzgadoras por voto popular directo. Es cierto que el porcentaje de aprobación reportado por las encuestas ni de lejos se acerca al porcentaje de electores que acudieron a las urnas el domingo pasado, sobre todo si se resta a quienes anularon sus votos, pero, en mi opinión, ello no representa que la necesidad de una reforma al aparato de justicia haya decaído en su apoyo popular. Tras la elección del domingo, y sobre todo, tras el desempeño de las y los candidatos electos, habrá evidencia sobre si este método mejoró o no el acceso a la justicia.
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2. Una democratización excesivamente rápida, sin fases de prueba, genera dudas sobre su efectividad y legitimidad
La reforma judicial se aprobó e implementó en muy poco tiempo, sin mecanismos piloto ni periodos de transición graduales. No hubo una deliberación técnica suficientemente amplia, ni se establecieron criterios consensuados entre fuerzas políticas, organismos de la sociedad civil y especialistas en derecho constitucional. Cada etapa del proceso tuvo errores lo que generó una percepción de improvisación. La legitimidad de un proceso democrático no se mide solamente por su carácter electoral, sino también por la inclusión de mecanismos deliberativos y de consenso, sobre todo, tratándose de un asunto tan trascendente como los cambios fundamentales de un Poder del Estado como los que están sucediendo. Cuando estos se omiten, el resultado puede ser una institución formalmente electa, pero débil en términos de legitimidad y confianza ciudadana.
3. La baja participación y la complejidad técnica de una elección judicial pueden socavar su propósito de rendición de cuentas
El objetivo de someter la designación de jueces y ministros al voto popular es, en teoría, acercar la justicia a los ciudadanos y asegurar que quienes imparten justicia respondan a intereses sociales más amplios. Sin embargo, el proceso mexicano evidenció una contradicción: la escasa participación (13?%) sugiere que gran parte de la ciudadanía no comprendió o no se sintió convocada por el ejercicio. Además, la complejidad de las boletas, la falta de información clara sobre los candidatos y la carencia de campañas propositivas generaron confusión. Esto limita la capacidad del electorado para evaluar la idoneidad de los postulantes y, por tanto, debilita la lógica de rendición de cuentas que se pretendía instalar.
4. La mezcla de política electoral con selección de jueces exige mecanismos de control más robustos
En la mayoría de las democracias, la independencia judicial se protege mediante procedimientos técnicos y multilaterales que aíslan a los jueces del ciclo político partidista. Al someter estos cargos a una lógica electoral directa, sin filtros previos como comités evaluadores, exámenes técnicos o comparecencias públicas, se abre la puerta a la politización. Candidatos con mayor exposición mediática o vínculos partidistas pueden verse favorecidos, desplazando a perfiles con mayor formación jurídica o trayectoria imparcial. Además, sin controles efectivos sobre el financiamiento y la propaganda judicial, el proceso corre el riesgo de convertirse en una extensión del debate electoral convencional, desdibujando la frontera entre la función jurisdiccional y la representación política.
Estas cuatro lecciones muestran que democratizar la justicia no es lo mismo que electoralizarla. Si bien el ideal de una justicia cercana a la ciudadanía es deseable, su instrumentación exige un diseño institucional que equilibre participación, competencia técnica e independencia. El desafío ahora es ajustar lo necesario para que en próximas elecciones nos acerquemos a estos objetivos.