La firma del convenio entre el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Gobierno capitalino representa un paso necesario para garantizar el adecuado desarrollo de un proceso electoral sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía de esta ciudad elegirá de manera directa a quienes integrarán el Poder Judicial local.
Como bien lo señaló la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, esta elección abre una nueva etapa en la vida democrática de la ciudad. Elegir juezas, jueces, magistradas, magistrados y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, así como a las ministras y ministros, coloca al Poder Judicial ante el escrutinio ciudadano. Y eso, en una democracia, siempre es saludable.
La firma de este convenio no es un acto simbólico. Es un acuerdo técnico y operativo que asegura condiciones adecuadas de seguridad, movilidad, protección civil y resguardo del material electoral antes, durante y después de la jornada del 1º de junio. Estas acciones permitirán que más de seis mil casillas puedan operar sin contratiempos, dando certeza tanto a las autoridades electorales como a la ciudadanía.
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Se trata de una elección compleja. Participan 607 candidaturas para 137 cargos judiciales, y se instalarán 6,134 casillas. La logística implica que la ciudadanía recibirá nueve boletas: seis federales y tres locales. La recomendación, como dijo la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, es clara: informarse con anticipación sobre las candidaturas y ubicar su casilla correspondiente. Esto facilitará la participación y evitará contratiempos.
El fondo de esta elección, más allá de la novedad, es su sentido democrático. Un Poder Judicial que rinde cuentas a la ciudadanía es un Poder Judicial más cercano, más consciente del entorno en el que actúa y, por tanto, más legítimo. Como lo ha planteado con claridad la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el objetivo es que quienes imparten justicia no estén aislados ni alejados de las comunidades. Que escuchen, recorran, conozcan las realidades de los barrios y ejerzan su función con imparcialidad y responsabilidad social.
Este proceso no debe verse con desconfianza ni como una amenaza a la autonomía judicial. Al contrario: permite que las y los juzgadores cuenten con un respaldo democrático de origen, sin que eso implique interferencias indebidas. Como todo cambio institucional profundo, requerirá seguimiento, evaluación y ajustes. Pero no hay democracia sólida sin participación ciudadana, ni Poder Judicial confiable sin rendición de cuentas.
Por eso, como ciudadano, más allá del encargo público que hoy desempeño, considero fundamental acudir a las urnas este 1º de junio. Ejercer el voto es un derecho, pero también una forma de incidir en el diseño institucional de la ciudad. Un Poder Judicial electo por la ciudadanía no resolverá por sí solo todos los retos en materia de justicia, pero es un paso relevante para avanzar hacia una relación más horizontal entre instituciones y sociedad.
La democracia no se agota en las urnas, pero tampoco se sostiene sin ellas. Este proceso es una invitación a ejercer nuestros derechos y a asumir responsabilidades colectivas. Participar no debería ser una excepción, sino parte de una ciudadanía activa y comprometida.