Hace unas semanas, el grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos de América expresó su preocupación a las autoridades de la Universidad de Harvard sobre sus esfuerzos para combatir lo que llamaban el acoso antisemita, poniendo en riesgo cerca de 9 mil millones de dólares en financiamiento destinado a investigaciones realizadas en la institución. Este hecho forma parte de una ofensiva del gobierno estadounidense actual contra la llamada agenda de inclusión, impulsando una campaña conservadora que busca limitar la diversidad, equidad e inclusión, especialmente en el ámbito universitario. Como resultado, las universidades de EU están revisando sus políticas de inclusión en todos los ámbitos. Los efectos de esto, incluyen la destitución de dos presidentas de universidades de la Ivy League. En esencia, este conflicto refleja una lucha política entre la derecha e izquierda estadounidenses, más que un debate profundo sobre derechos y cómo construir sociedades más equitativas.
En línea con esta tendencia, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia resolvió el caso de Estudiantes por una Admisión Justa contra la Universidad de Harvard (SFFA vs Harvard). En su fallo, declaró inconstitucionales las acciones afirmativas en los procesos de admisión de Harvard, que permitían a personas de minorías acceder a la universidad, al considerar que violaban la protección igualitaria garantizada por la Catorceava Enmienda de la Constitución. Este caso, iniciado en 2013, alegaba que el proceso de admisión discriminaba a la comunidad asiática en favor de postulantes blancos, violando el Acta de Derechos Civiles de 1964. Aunque las cortes inferiores fallaron a favor de Harvard, la Suprema Corte revirtió los precedentes legales en 2023. Harvard respondió comprometiéndose a cumplir el fallo mientras buscaba preservar la diversidad en su comunidad, generando un intenso debate político con posturas opuestas entre líderes como Joe Biden, quien defendió la diversidad, y Donald Trump, quien celebró el fallo como un triunfo del mérito individual.
Te podría interesar
No debe caerse en la trampa de la mal llamada “meritocracia”; actualmente, la desigualdad estructural impone barreras que favorecen a grupos privilegiados bajo una lógica de competencia desigual, lo que contradice el principio de equidad. El caso de Estados Unidos de América ejemplifica cómo el mito del "Sueño Americano", un sistema que aparentemente recompensa la ambición, está diseñado en realidad para proteger el status quo, favoreciendo a las mayorías y limitando el acceso de grupos minoritarios. Esto genera una baja movilidad social, donde las clases privilegiadas tienen mayores oportunidades educativas y laborales, mientras que afroamericanos y mujeres enfrentan barreras significativas.
Garantizar oportunidades educativas para las minorías no solo beneficia a las personas, sino también a sus comunidades y a la sociedad en general. Las universidades, al fomentar la pluralidad, se convierten en espacios de mayor cohesión social, integración y diversidad de pensamiento. La educación plural y estructuralmente equitativa no es solo un ideal, sino una base necesaria para construir sociedades más justas e inclusivas, con esfuerzos compartidos entre gobierno, sector privado y organizaciones sociales. Ante esta situación, resulta fundamental defender las acciones afirmativas y promover cambios estructurales que garanticen el acceso a la educación superior como un motor de movilidad social, especialmente para los grupos minoritarios.