A raíz de dos peticiones ciudadanas presentadas ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, por el que solicitaron un protocolo para prevenir factores de riesgo de violencia en la elección judicial, así como para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las personas candidatas, y tomando en cuenta el Acuerdo (SUP-AG-774/2024) emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE aprobó el pasado 10 de febrero el “Protocolo para prevenir factores de riesgo en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes”.
En este sentido, el Protocolo consideró necesario tomar medidas de no repetición relacionado con el contexto de violencia suscitada en la elección de la Gubernatura en el Estado de Michoacán, y tiene por objetivo plantear las condiciones organizativas, operativas y de vigilancia necesarias para cumplir con las atribuciones de la autoridad electoral y las autoridades de seguridad pública, para salvaguardar la integridad de todas las personas involucradas en este ejercicio democrático.
Para ello, se conformarán mesas de coordinación con instancias de seguridad pública de los gobiernos federal y locales con autoridades del INE y de los Organismos Públicos Locales electorales (OPLE) para establecer de manera conjunta acciones de prevención y atención de situaciones de riesgo, proporcionar información sobre actividades del proceso electoral que facilite el trabajo de las autoridades en materia de seguridad en apoyo al INE, atender las recomendaciones que permitan garantizar el adecuado desarrollo de la elección, entre otras.
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Asimismo, el Protocolo establece medidas específicas para garantizar el adecuado desarrollo de la elección judicial tales como:
La identificación de problemáticas que puedan representar alguna situación de riesgo que se encuentre desagregado por entidad, distrito electoral federal y local, así como a nivel municipal que contenga información sobre las problemáticas de inseguridad tales como violencia o delincuencia grave que pudieran impedir o afectar la realización de los trabajos de organización y el desarrollo de las elecciones.
Asimismo, la identificación de problemáticas sociales para conocer las situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos sociales que puedan impedir o afectar los trabajos de las autoridades electorales o, incluso, la elección.
Finalmente, deberán registrarse las situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos delictivos o relacionados con el crimen organizado que puedan significar diversas problemáticas para las elecciones.
Toda esta información será compartida con las autoridades de seguridad pública en el marco de los convenios de coordinación interinstitucional. Por su parte, las mesas de coordinación en materia de seguridad clasificarán la situación de riesgo en 3 niveles: zonas que requieren identificación para seguimiento; zonas de mediación, es decir, que las problemáticas podrían resolverse con la participación de autoridades, reuniones, diálogo, entre otras, y finalmente, zonas de intervención en las que se registran situaciones que son necesarias atender para llegar a acuerdos que permitan realizar el proceso electoral judicial.
Conformar el soporte documental que deberán crear las Juntas Locales Ejecutivas del INE, según corresponda a la entidad, que contengan evidencias e información tales como el tipo de conflicto y clasificación del riesgo, descripción de las situaciones presentadas y, de ser el caso, si se cuenta con evidencia documental.
Para llevar a buen puerto este proceso electoral y los alcances de este Protocolo las mesas de trabajo deberán atender las actividades relacionadas con la preparación de la elección, destacando las actividades en campo: ubicación de casillas, integración de las mesas directivas de casilla, actividades registrales, campañas electorales, documentación electoral, fiscalización electoral, así como las correspondiente a la distribución, recolección y salvaguarda de toda la documentación y los materiales electorales, así como la protección y seguridad de las personas candidatas.
Con este Protocolo el INE busca conformar la coordinación y colaboración con distintas autoridades, así como establecer mecanismos de colaboración y comunicación efectiva para el óptimo desarrollo de esta elección inédita en nuestro país para que la ciudadanía esté confiada y segura de que podrá ejercer su derecho al sufragio en condiciones de paz.