La propuesta de reforma electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) huele a diseño de sucesión, a fragilidad institucional y a un descaro político que solo el poder en su fase más voraz puede permitirse.
El documento fue hecho público y discutido en sesión extraordinaria el viernes. El organismo no esperó a que la anunciada reforma federal pase la fase de resumir y encuadrar la fase de consultas de octubre y noviembre pasados. Bajo el manto de la “paridad de género” y la “eficiencia”, la estructura más notoria apunta directamente a sostener la hegemonía del proyecto del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona: que lo suceda su cónyuge, la senadora Ruth González Silva.
El aspecto más relevante y escandaloso de la propuesta no es una reforma, sino el Transitorio Segundo que actúa como un traje a la medida. El Ceepac justifica ampliamente la necesidad de implementar una acción afirmativa de alternancia, arguyendo que San Luis Potosí nunca ha tenido una mujer gobernadora desde la promulgación de su Constitución en 1824, un rezago histórico que, argumenta, exige medidas radicales.
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La medida propuesta es categórica: para el proceso electoral ordinario de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado. El problema, parafraseando al clásico, no es la paridad, sino la coyuntura.
Esta acción afirmativa, noble en su espíritu de igualdad sustantiva, se vuelve tóxica al encajar quirúrgicamente con el proyecto político más obvio del estado: postular a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como su sucesora. La alternancia de género, en lugar de ser un mecanismo para abrir la puerta a todas las potosinas talentosas, se convierte en la única llave que valida el paso del poder de un cónyuge a otro, blindando al proyecto oficialista de una posible competencia masculina de peso.
Así, es la paridad utilizada como un burdo mecanismo de ingeniería electoral, un atajo legal para consolidar una sucesión dinástica, donde el interés legítimo de la mujer por acceder al poder se ve instrumentalizado por el interés del caudillo en turno.
Resulta imposible analizar esta iniciativa sin señalar la absoluta docilidad del Ceepac. Un organismo que debería ser el guardián de la ley electoral actúa como un engranaje más de la maquinaria oficialista. La sumisión tiene un contexto financiero y político. El primero se documenta con un sistemático maltrato presupuestal por parte del Gobierno del Estado, una táctica de asfixia económica que debilita la autonomía del organismo y su capacidad operativa. No se puede esperar que un árbitro juegue con rigor cuando el gobierno que debe fiscalizar es el mismo que le regatea hasta el aire que respira.
Y si a alguien le quedaba duda del efecto de dilución de nuestra autoridad electoral local, baste recordar la actuación ciega en las elecciones judiciales de este año: manchada por graves señalamientos de fraude y uso de “acordeones” para favorecer a los aspirantes cercanos al poder estatal. Al no haber una respuesta contundente o una investigación rigurosa por parte del Ceepac a estas anomalías flagrantes, el organismo demostró que su prioridad no es la pulcritud democrática, sino la paz con el Ejecutivo del Estado.
El riesgo de esta instrumentalización del principio de paridad va más allá de la gubernatura. El antecedente que crea es funesto y sienta las bases para que el partido gobernante en la entidad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dicte las reglas de juego a su entera conveniencia.
La advertencia es clara: con la justificación de cumplir la paridad horizontal y transversal en el ámbito municipal -algo que el Ceepac busca fortalecer en la Ley-, el partido en el poder tendrá la tentación de reservar los municipios y distritos de menor rentabilidad política a las mujeres, mientras postula a hombres en las plazas electorales más seguras o codiciadas. O peor aún, que el Ceepac, ya domesticado, emita lineamientos que obliguen a postular mujeres en demarcaciones que el PVEM sabe que perderá, para luego compensar con hombres en las que tiene garantizada la victoria.
Esta “paridad a la carta”, donde se cumple la cuota formal sin garantizar la igualdad sustantiva de la oportunidad, es una manzana envenenada para la democracia potosina. Parece que el Ceepac ha optado por el camino más corto: sacrificar su autonomía y credibilidad para sobrevivir presupuestalmente, actuando como el principal cómplice de un proyecto que busca convertir a San Luis Potosí en una suerte de patrimonio familiar transexenal.
Mientras el Cepac propone incorporar la remuneración a los integrantes de las comisiones distritales y “eficientar” procesos como la eliminación de debates distritales y la notificación por estrados, lo hace con una mano, y con la otra, facilita una de las maniobras políticas más burdas de la historia reciente de SLP
Inevitable un acento paradójico, el espejo de la relación patológica entre el Gobierno del Estado y su árbitro electoral, una díada marcada por la presión presupuestal, el desdén del gobernador en declaraciones públicas y el ninguneo abierto como autoridad.
Con humor amargo, recuerda el síndrome de la mujer maltratada, la huella psíquica triste de las víctimas de violencia doméstica, cuya respuesta a los abusos va disminuyendo a medida que empeoran las agresiones a lo largo de la relación. La víctima se vuelve sumisa, con muy baja autoestima y con un profundo miedo a disgustar a su maltratador.
Rollos sueltos
EN LA PRADERA. La comparecencia de la fiscal Manuela García Cázares ante el Congreso se convirtió en una farsa de cordialidad. El montaje de árboles felices y ríos de melcocha fue producto de un lamentable pacto de la Jucopo, que restringió las preguntas solo a los jefes de bancada, y por acuerdo. El ejercicio se diluyó en un inofensivo paseo por el campo de margaritas. Se evitó la fiscalización profunda y el cuestionamiento directo. Si algo queda de decencia en nuestros diputados, deberían presentar ya una iniciativa para desaparecer las comparecencias.
SIN RESPALDO FINANCIERO. Doña Manuela no dejó de enumerar necesidades urgentes: personal, tecnología y mejor infraestructura, admitiendo que la delincuencia avanza más rápido que las instituciones. Paradójicamente, el Gobierno estatal estrangula a la FGE, al ser una de las 28 dependencias que no recibirá aumento presupuestal para 2026, según la propuesta enviada al Congreso. Esta asfixia económica es la causa real de la debilidad institucional que, convenientemente, justifica la ineficacia.
ASÍ LA QUIEREN. El mensaje es claro: la debilidad de la justicia es funcional al poder. Mientras el Ejecutivo recorta recursos al órgano de procuración de justicia, el Congreso actúa como cómplice silente, pactando preguntas florales para evitar incomodar. Este trato presupuestal, sumado a la docilidad política, garantiza que la FGE siga siendo una institución incapaz de poner en jaque los intereses o la paz social del grupo gobernante.