Actualmente la cuestión social en México se caracteriza por una creciente complejidad donde a los históricos problemas sociales de pobreza y desigualdad, se agregan los de discriminación, exclusión, desplazamiento y violencia. A las carencias materiales, se han sumado carencias y sufrimiento emocional y un aumento de patologías sociales que demandan de intervenciones complejas del Estado.
Sin embargo, la política social gubernamental se ha concentrado desde hace por lo menos tres décadas en el combate de la pobreza, principalmente con transferencias monetarias directas.
Es decir, se ha empobrecido la política social al centrarse en la entrega directa de dinero primero a las familias, la etapa neoliberal condicionaba al menos a probar asistencia a la escuela y a los servicios de salud, en tanto que en los gobiernos de la 4T la entrega es a personas en lo individual sin condicionamiento alguno.
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Desde los años ochenta del siglo pasado, hubo un cambio de paradigma respecto de la utopía de la Revolución Mexicana que dominó la gestión gubernamental durante varias décadas y que consistió en procurar ofrecer servicios públicos de salud, educación, vivienda, alimentación, acceso al agua y a energía y oportunidades de trabajo digno a la población.
Se abandonó el propósito de proteger el trabajo y se promovió el deterioro de los salarios pagados a los trabajadores, permitiendo que su participación cayera del 40% en los años setenta del ingreso nacional a sólo 26% en 2018. Además, se asignaron insuficientes recursos al mantenimiento y ampliación de la infraestructura social y se deterioraron las condiciones de trabajo del personal de salud, educación y seguridad social.
Sin embargo, al menos en los años de gobiernos neoliberales se entendió que las carencias y prioridades de las personas y las familias eran diversas y complejas. Se dio inicio a políticas y programas dirigidos a grupos diferenciados de la población: a mujeres y a niños, niñas y adolescentes; se reconoció la diversidad de conformaciones familiares y la diversidad sexual; se avanzo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; se desarrollaron alternativas de apoyo al cuidado como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, así como programas para sancionar la discriminación, entre otros aspectos.
Es decir, se entendía que la cuestión social era cada vez más compleja y diversa y que las respuestas únicas y de aplicación universal no respondían a ello. Además, se permitió la participación de la sociedad civil organizada en la detección y atención de los problemas sociales emergentes.
La soberbia, la rigidez y la cancelación de la participación y el diálogo de los gobiernos de la 4T han llevado a una simplificación de la cuestión social: primero los pobres atendidos con transferencias monetarias directas individualizadas y una cierta recuperación de las condiciones de trabajo digno para la población asalariada.
Mientras tanto más de 55.4% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, las víctimas de las violencias ascienden a varios cientos de miles, los desplazamientos por violencia y catástrofes climática van en aumento, las juventudes viven sometidas, esclavizadas o asesinadas, la población adulta mayor carece de servicios especializados para su atención y un largo etcétera.
Es una política social clientelar con una visión simplista de corto plazo, que en realidad no asegura bienestar en el largo plazo, ni garantiza el acceso universal a derechos como se proponía originalmente.