La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 a través de su resolución A/RES/55/93, determinó instituir el Día Internacional del Migrante con el objetivo de visibilizar las adversidades, desafíos y aportaciones de las personas migrantes, para buscar la protección de sus derechos humanos, así como para difundir políticas migratorias que defiendan y den seguridad a este importante segmento de la población.
Cada año, el 18 de diciembre se determinó este día para conmemorar a las y los migrantes con la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
México ha realizado múltiples esfuerzos desde distintas instancias gubernamentales para la atención, protección y seguridad de las personas migrantes que van desde la generación de diversas normativas como la Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, entre otras, hasta rutas y acciones integradas en Planes de Desarrollo para su debida atención.
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Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impulsado espacios permanentes de diálogo y reflexión para la incorporación de las personas migrantes y residentes en el extranjero en espacios de representación política, con la finalidad de potenciar sus derechos políticos y electorales.
Derivado de estas reuniones, el INE ha advertido la urgente necesidad de establecer un modelo constitucional que asegure la participación política de las y los mexicanos que residen en el extranjero, por lo que ante el análisis de las múltiples propuestas que se han presentado motivo de la Reforma Electoral, sería importante que el Legislativo considere integrar este modelo.
Con la reforma político electoral de 2014 y la creación del INE en donde el Legislativo le otorgó alrededor de 70 nuevas atribuciones en comparación con el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), se sentaron las bases que, junto con los precedentes generados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de sentencias para la inclusión de la población migrante como sujetos de derechos políticos y electorales que van más allá del voto presidencial y senatorial, fue posible arribar al importante proceso electoral federal de 2021.
En ese año, a través de la implementación de acciones afirmativas, es decir, medidas especiales que tienen por objeto garantizar que grupos sociales históricamente discriminados tengan representatividad política, fue la forma en que se garantizó la participación como candidatas y candidatos de personas migrantes y residentes en el extranjero.
Consecuentemente, los partidos políticos debían postular al menos 5 fórmulas de candidaturas integradas por personas migrantes en las 5 circunscripciones que integran el país; las fórmulas debían ubicarse en los diez primeros lugares de la lista de diputaciones federales de representación proporcional.
Para el proceso electoral 2023-2024 se amplían las acciones afirmativas para la población migrante, ya que los partidos políticos debían postular a nivel federal 5 fórmulas de manera paritaria de diputaciones de representación proporcional; esta fórmula se debía postular una por cada circunscripción, ubicándola en los primeros 10 lugares. Asimismo, por primera vez en la historia de nuestro país se establecieron acciones afirmativas para el Senado de la República en donde los partidos debían postular una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero.
A nivel local, algunas entidades han establecido en su normatividad electoral acciones afirmativas para darle representatividad política a la población migrante.
Mucho hay por hacer para que nuestra y nuestros connacionales cuenten con plenitud de derechos políticos y electorales. Hoy es el momento de impulsar su representación política y el Legislativo tiene una tarea pendiente con ellos.