La desaparición de jóvenes es una de las tragedias más graves y crecientes en nuestro país, y es considerado muchas veces un delito de lesa humanidad. Las cifras de desaparición son elevadísimas; se acumulan ya más de 133 mil desaparecidos en México y muestran un aumento preocupante, consolidando a la juventud como la principal víctima.
Casos como el de los 43 muchachos de Ayotzinapa, que acaba de cumplir once años, son una herida que sigue desangrando a México. Y esa misma herida se siente hoy en Baja California Sur, con la desaparición del joven Daniel Rodrigo Salcido Berain, de 36 años.
Aproximadamente a las 21 horas del pasado miércoles 24 de septiembre, Rodrigo fue privado de su libertad con violencia en su domicilio particular en Cabo San Lucas. Este hecho no es fortuito ni aislado; es un síntoma alarmante de la violencia institucional y la impunidad que socavan el tejido social en México, y sobre todo en esa región del país.
Te podría interesar
El mismo día en que el caso fue expuesto por su padre, lancé un llamado urgente a través de mis redes para presionar por su localización.
Días antes, la comisión local de Búsqueda de Personas que dirige Lizeth Collins emitió la siguiente ficha.
Criminalización: el mecanismo de la impunidad
La violenta privación de libertad de Rodrigo, sea a manos de policías extralegales —como parece apuntar el caso— o de particulares, expone una alarmante conjunción de vulnerabilidades y la vergonzosa inacción de las autoridades.
De inmediato, el caso fue contaminado por la aparición de cuentas falsas y bots que intentaron vincularlo con el crimen organizado, presentándolo como un "aparente líder de un cártel". Esta táctica es una estrategia perversa, tristemente común en la desaparición de jóvenes: la criminalización como ruta de escape de la justicia.
El objetivo de esta guerra sucia digital es doble: anular la legitimidad de la búsqueda y neutralizar la presión social y mediática. Al estigmatizar a la víctima post-facto, se desvía la atención del crimen y se ofrece una justificación tácita para la indiferencia oficial.
Esta narrativa se ve peligrosamente reforzada por la criminalización de hábitos personales. El consumo de marihuana se utiliza para trazar un perfil de "riesgo" o "culpabilidad". Se les roba su calidad de víctima, convirtiéndolos en corresponsables de su propia tragedia, lo cual viola claramente la Ley de Atención a Víctimas.
Silencio Institucional
Ante la incertidumbre, el dolor encontró eco en la voz de la exigencia. El padre de Rodrigo, Arturo Salcido Beltrán —luchador social y exmilitante de izquierda—, dirigió una carta abierta al gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro Cosío, pidiendo con "todo respeto y firmeza" su rápida intervención.
En su misiva, Salcido Beltrán menciona un dato clave, aunque sin certeza oficial: la posible intervención de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), que depende de la Dirección General de Seguridad Pública.
Esta mención es especialmente grave, pues coincide con la denuncia presentada hace una semanas por la senadora Susana Zatarain García (PAN), quien ha señalado que efectivos de esta unidad presuntamente participan en la desaparición forzada de jóvenes para ser reclutados por grupos delictivos en la región; la nota que registra Benito Jiménez en Reforma online del 31 de julio es evidente: la autoridad naval de Los Cabos detuvieron a seis elementos de la Policía Municipal, por su presunta participación en la desaparición forzada de dos jóvenes. Los detenidos, eran integrantes de la URI, y habrían participado activamente en la desaparición de Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años, y Pablo Figueroa Martínez, de 21, quienes fueron vistos por última vez el 26 de junio, luego de ser interceptados por un comando armado".
Pese a la gravedad de la acusación y la urgencia, la respuesta de las autoridades locales en BCS —incluyendo al gobernador, el fiscal del Estado y la comisionada de búsqueda, Lizeth Collins— ha sido el mutismo público y la inacción evidente. Este silencio no solo permite que la narrativa de criminalización prospere como una versión oficial de facto, sino que incumple el mandato constitucional y configura una forma de complicidad por omisión.
¡Cuidado!
La Ley General en Materia de Desaparición forzada de personas es clara: cada hora de inacción disminuye las posibilidades de localización con vida. La falta de una respuesta pública enérgica refleja una clara crisis de voluntad política.
Si bien la desaparición inicial apunta a un delito cometido por particulares, la prolongada ausencia de respuesta estatal y la omisión en la búsqueda podrían configurar, potencialmente, una desaparición forzada por aquiescencia u omisión(artículos 27 y 28 de la ley en la materia).
Esto ocurriría si se prueba la pasividad intencional de servidores públicos para ocultar o prolongar el ocultamiento. Y ese, peligrosamente, puede ser el caso de Rodrigo.
La exigencia inaplazable
El caso de Rodrigo trasciende la tragedia personal para convertirse en un doloroso espejo de la crisis de derechos humanos y la impunidad que corroe en el tejido social mexicano. Su violenta desaparición en BCS no es un hecho aislado; es el síntoma alarmante de una violencia institucional que utiliza dos mecanismos infames: la criminalización post-facto de la víctima para justificar la indiferencia, y el silencio cómplice de las autoridades para anular la búsqueda.
El mutismo público del Gobierno local ante la gravedad de la posible participación de cuerpos de seguridad como la URI no es solo una omisión, sino una peligrosa aquiescencia que, de prolongarse, podría configurar legalmente una desaparición forzada por omisión. La inacción estatal se convierte así en una forma de complicidad que viola el mandato constitucional, minando la legitimidad de la justicia en la región.
Ante la parálisis local, la exigencia de su familia de elevar el caso a las máximas instancias federales —apelando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Comisionada Nacional de Búsqueda—, es un grito de auxilio contra el reloj. La única respuesta que la sociedad y la familia merecen es la aplicación inmediata, rigurosa y transparente de la Ley General en la materia.
La sombra de la impunidad solo se disipa con la verdad y la justicia. El tiempo corre. La única conclusión aceptable para esta dolorosa historia es que Rodrigo aparezca, con vida, de inmediato. México no puede permitirse una herida más que siga desangrando por el flagelo de la desaparición y la inacción del Estado.
Un fuerte abrazo a los familiares de Rodrigo ¡Justicia!
PD: Detalles de Búsqueda: al momento de su desaparición, Rodrigo vestía un pantalón de mezclilla y tenis. Como seña particular cuenta con un tatuaje en el antebrazo de una figura maya, de unos 7 centímetros de diámetro, realizado con tinta negra.
PD2: Han pasado 57 años ya de aquel miércoles 2 de octubre de 1968, cuando la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, se convirtió en una masacre inolvidable. Aquella tarde, alrededor de 9 mil jóvenes fueron dispersados por una lluvia de 70 mil cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Aunque 2,360 personas fueron detenidas, la cifra real de difuntos sigue siendo incierta hasta hoy. Como escribió el poeta Jaime Sabines, "Nadie sabe el número exacto de los muertos".
La Bandera Nacional a media asta y la marcha anual mantienen viva la consigna: "¡Dos de octubre no se olvida!".