La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, reformó y adicionó diversas disposiciones a ocho ordenamientos legales para combatir este fenómeno que atenta contra el desarrollo integral de las mujeres y, entre otras consideraciones, se dotó al Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de competencias para prevenir, atender, sancionar y erradicar este cáncer que vulnera nuestro sistema democrático.
Es importante señalar que a partir de esta reforma el INE ha generado diversas herramientas y documentos normativos tales como modificaciones a su Reglamento Interior para incorporar el precepto de violencia de género y de perspectiva de género; la expedición del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política; los Lineamientos para la integración, funcionamiento y actualización del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política; el Protocolo de atención a víctimas y la elaboración de riesgos en los casos de violencia de género, el formato 8 de 8 contra la violencia, entre otros.
Con estos importantes antecedentes el INE, a través de su Consejo General, aprobó el pasado 8 de febrero el Acuerdo por el que se acordó la implementación de un programa piloto de servicios de primeros auxilios, de orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género durante el proceso electoral registrado este año.
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El programa piloto tuvo el objetivo de dar cabida al derecho de las mujeres a gozar de sus derechos políticos electorales libres de cualquier tipo de violencia, así como de la obligación del INE de llevar a cabo todas las acciones a su alcance para materializar dichos derechos.
Asimismo, el INE buscó contar de herramientas y personal calificado para que prestar la atención necesaria a las mujeres que así lo solicitaron, en la elaboración de quejas y denuncias y su acompañamiento y asesoría jurídica por la comisión de alguna de las conductas previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este sentido, el pasado 5 de septiembre se presentó ante el Consejo General el cuarto informe sobre los resultados de esta prueba pliloto que comprende información del diez de abril al diez de agosto de este año.
Al respecto, destaca la recepción de un total de 42 solicitudes de atención relacionadas principalmente con brindar orientación en temas de violencia de género; resaltan 19 casos a nivel local relacionados con la inexistencia de servicios especializados en sus entidades para atender la violencia política en razón de género.
Asimismo, de las 42 solicitudes recibidas el INE brindó un total de 762 servicios: 266 psicológicos, 460 jurídicos y 36 fueron servicios de canalización a las instancias respectivas.
En el mismo sentido, de estos casos, 26 fueron identificados como violencia política de género durante el presente proceso electoral.
Esta prueba piloto resultó de ayuda para conocer la problemática de este fenómeno que irrumpe la plena participación de las mujeres en la vida pública y evidencia casos que deben servir para edificar una auténtica instancia permanente tal cual he insistido desde 2021 cuando presidía la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en donde me permití plantear por primera vez, la creación de una Defensoría para la atención integral de este fenómeno.
Reitero que una Defensoría, además de ir en concordancia con las disposiciones que marca la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, permitiría un acceso real a la protección del Estado cercano a las ciudadanas mexicanas privilegiando un diálogo abierto, incluyente, plural y en favor de las mujeres contra actos que afecten o que pudieran afectar sus derechos políticos y electorales o sean o pudieran ser víctimas potenciales en materia política en razón de género, para lograr darles certeza, visibilidad e igualdad con lo que estableceríamos un sistema democrático más sólido.
Consecuentemente, insistiré en la creación de esta Defensoría en 2025.