Con frecuencia me pregunto cuánto ha costado la imposición de una autocracia que dice representar y ser la voz del pueblo bueno. Un régimen que por la egolatría y resentimiento de su actual líder está en contra y destruye instituciones creadas a lo largo de varias décadas.
Confronta, persigue e insulta a las organizaciones sociales y civiles, a los movimientos feministas, ambientalistas y de víctimas, a comunicadores, a científicos y académicos. Incluso agrede a los agricultores y empresarios que contribuyen al erario.
Que, además, ha polarizado a la población mediante mentiras y engaños. Usa las consultas a mano alzada, las encuestas manipuladas, los comités a modo y las tómbolas para colonizar a toda institución que se atreven a oponerse a su voluntad. Así capturó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial y pretendía hacerse también de la Suprema Corte de Justicia.
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Con carretadas de dinero del presupuesto y aportado por grandes empresarios y el crimen organizado, compró los votos de millones de ciudadanos, creando clientelas y limitando el ejercicio libre del voto.
Con esas clientelas y el apoyo del poder criminal, se hizo de 24 gobiernos estatales y, de manera tramposa, de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de una mayoría forzada en el Senado usando contra senadores de la oposición, amenazas directas y a familiares, ofertas de compra de su voto en millones de pesos o promesas de mayor poder político.
En estos días estamos viviendo la culminación de un proceso de locura social que acompaña a un líder carismático y obsesivo que quiere llevarse su último trofeo para festejarlo el 15 de septiembre, cancelando la independencia de los jueces y sometiendo al Poder Judicial a sus corruptos y amañados procesos de elección, mintiendo al decir que será el pueblo quien con su voto los elegirá.
A la vez seremos testigos del inicio de un futuro lleno de incertidumbres en el campo económico, en el estado de derecho, en las relaciones internacionales, en el poder de las mafias del crimen organizado, en el uso de la fuerza y de la corrupción y las amenazas para someter a cualquier tipo de oposición.
Es cierto que desde 1982, los gobernantes y las élites económicas mediante sus políticas salarial y laboral y la reducción de la inversión en servicios públicos sociales, impactaron de manera negativa a las familias y profundizaron la pobreza y la desigualdad.
Mi pregunta para muchos amigos y amigas morenistas es si esta destrucción de los contrapesos del poder y de instituciones públicas, la creación de clientelas electorales, la creciente presencia de los grupos criminales en el territorio, el control de los medios de comunicación y el uso de la corrupción y las amenazas para llegar y mantenerse en el poder, les da esperanza de que el futuro será mejor, que se acabará con la desigualdad y la pobreza y que efectivamente, se escucharán y atenderán los dolores de las personas en todo el territorio.
¿Y qué tal si la concentración del poder que lograron en el ejecutivo cae como en Brasil en 2019, en manos de un partido de extrema derecha?