Se encuentra en discusión en el Congreso una reforma que contempla la desaparición de los organismos con autonomía constitucional, entre ellos el INAI y los organismos estatales de transparencia. De acuerdo con la propuesta de reforma, las funciones en materia de transparencia recaerían en los propios sujetos obligados y la resolución de los recursos de revisión que interpongan los particulares quedarían de la siguiente forma: sindicatos a cargo de autoridades laborales de conciliación; partidos políticos los atendería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; y para el resto, las resolverán las autoridades de control interno y vigilancia. En materia de protección de datos personales las leyes secundarias señalarán a los responsables de esta función.
Los recursos humanos de los organismos que desparezcan serían transferidos a las instituciones que asuman sus funciones, “en lo que corresponda”, es decir, solo aquellos que requieran las instituciones que asumirán sus funciones. Asimismo, se les transferirán los recursos materiales, informáticos y las obligaciones de los organismos que desaparezcan.
En el caso del INAI, el 80% del presupuesto es nómina, por lo que, de transferirse la mayoría de las personas, los ahorros serán insignificantes. Por ello, la reforma propuesta no trata de generar ahorros sino de concentrar en el Poder Ejecutivo las decisiones sobre las materias que manejan los organismos autónomos que se pretende desaparecer.
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Como lo mencioné en un artículo anterior, el INAI, desde su creación en 2014, ha sufrido manejos inadecuados de recursos por parte de algunos de sus comisionados. Por ejemplo, la práctica extralegal de repartirse las plazas del Instituto entre los comisionados; el excesivo número de eventos que organizan y que no le agregan valor a la institución pero sí cuestan; los viajes sin justificación adecuada de sus altos funcionarios; y una estructura organizacional excesiva de secretarías ejecutivas y direcciones generales, entre otros.
En contraste, su antecesor el IFAI, creado en 2003 como organismo sin autonomía constitucional pero con autonomía técnica y administrativa, tuvo un desempeño muy aceptable durante 11 años con tan solo 5 comisionados y una estructura organizacional modesta.
Otros problemas de la reforma de 2014 que dio origen al INAI y que he señalado en este espacio, son por ejemplo, el habérsele dado la responsabilidad de la protección de datos personales, lo que le dio dos tareas opuestas: evitar dar información personal y buscar la máxima apertura en materia de información pública.
También hace falta una Ley de Secretos de Estado para proteger la seguridad nacional ya que actualmente la Ley de Transparencia no define con precisión este tema y se presta a la presión de actores gubernamentales que bajo ese pretexto ocultan información que no deberían, como las contrataciones que se realizan para obras que ejecutan las fuerzas armadas y otras instituciones de seguridad.
Otro aspecto que no ayuda al INAI es que no puede sancionar a los sujetos obligados que no entreguen la información que les obliga. Para ello, tiene que recurrir a los órganos internos de control (OIC) que dependen de la Secretaría de la Función Pública, con lo que pierde autonomía. Hay que reconocer que estas situaciones no son frecuentes y por eso no hay muchas sanciones por ese motivo, gracias en parte, a la participación de los OIC en los Comités de Transparencia.
Si bien existen áreas de mejora en el caso del INAI, los manejos inadecuados de recursos no se deben a un mal diseño institucional sino a los abusos, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas con que actuaban algunos de sus comisionados. Es un tema más de personas que de la autonomía del organismo.
La reforma propuesta no soluciona este problema sino que afecta la independencia requerida para garantizar este derecho humano contemplado en la Constitución. El Poder Ejecutivo puede realizar estas funciones pero se convertirá en juez y parte, por lo que el acceso a la información pública y la protección de datos personales podrían estar en riesgo de aprobarse estos cambios a la Constitución.
La justificación esgrimida para esta reforma no es el garantizar mayor transparencia, apoyar el combate a la corrupción, facilitar la rendición de cuentas o proteger mejor los datos personales, sino como un supuesto ahorro de recursos. Pero ya vimos que no habrá tal ahorro al conservarse las estructuras operativas de estos organismos. Si se buscan economías hay que mirar a otra parte: el presupuesto anual del INAI equivale a lo que perdió PEMEX cada 17 horas durante el primer semestre de 2024.
No se observa cómo esta reforma que desaparece organismos autónomos y transfiere sus atribuciones al Poder Ejecutivo pueda resultar en una mejor atención a estas funciones indispensables para el país. Falta ver si hay la voluntad política para hacerlo y de no ser así, dicha reforma se convertirá en un grave retroceso en las materias que atienden estos organismos.