Discrepo del paro judicial porque no es genuino, y a quienes lo encabezan no les importa afectar a las personas que han perdido su libertad, salario y empleo, derechos individuales y sindicales, e incluso sus propias viviendas, por el uso indebido del poder del Estado excediendo de sus facultades, en perjuicio de los ciudadanos y éstos no tienen una protección para detener las arbitrariedades que, cabe decir, son frecuentes y a toda hora, por parte de las autoridades, ya sean federales o locales.
Disiento del paro por no ser congruente, porque si los trabajadores suspenden labores deberían dejar de recibir salarios y todas sus prestaciones.
¿Dónde se ha visto que te paga el patrón por dejar de trabajar?
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Si dejan de laborar intencionalmente para afectar derechos esenciales de otros, principalmente los de la sociedad, no es legítimo que reciban su pago quincenal los reclamantes en su cuenta bancaria personal como si nada ocurriera. Así es muy fácil hacerlo.
Seguro que han de decir: No cerramos las oficinas administrativas, ni de recursos humanos, ni financieras, para evitar que nos suspendan el pago, aunque nos cueste la dignidad.
No es genuino el movimiento porque los que administran el Poder Judicial Federal, sumándose ahora jueces y magistrados con el fin de proteger sus canonjías fomentan el paro laboral ¡con goce de salario íntegro para que siga la protesta financiada! Esa no es protesta, es manipulación. Es hacer uso de fondos públicos de manera indebida, como si fueran de su propiedad. ¿Acaso desconocen que son recursos de la Nación?
También es preciso aclarar que la reforma judicial, como se propone, es la mayor aberración posible, porque los juzgadores no deben ser electos por votación popular si antes no se exige que los posibles candidatos acrediten que cumplen mínimo con los siguientes requisitos: a) que hayan aprobado los exámenes no sólo teóricos sino también la capacidad para resolver problemas; b) la experiencia; y c) la especialización en la materia en que pretenden ser juzgadores, con el fin de poner a los mejores candidatos, y que los electores tengan claridad por quién votan.
Si hoy en día el proceso judicial para los trabajadores es una penuria, con muchos jueces extraídos de ramas ajenas al derecho laboral y que inverosímilmente algunos pretenden equiparar instituciones jurídicas del derecho civil o mercantil para aplicarla a asuntos laborales, precisamente por su falta de experiencia en esta materia… imaginemos como será si los candidatos a juzgadores no cuentan con experiencia ni conocimiento alguno en materia laboral u otras materias.
También es cierto que nadie puede defender los vicios en los que ha caído el poder judicial, que protege los intereses de los más adinerados. La gran parte tiene un corte conservador y la mayoría de las jurisprudencias, al menos en lo laboral, donde es mi especialidad, son en perjuicio de los trabajadores.
Que se recuerde cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una votación unánime de sus no afamados ministros, en abril de 2009, extinguió los llamados derechos adquiridos (de esos que alegan hoy) para los trabajadores al servicio del Estado, al reducir la pensión de los trabajadores únicamente con el salario base sin tomar en cuenta las prestaciones. ¿Ya lo olvidaron?
O cuando en febrero de 2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el pago de las UMAS para el pago de las miserables pensiones, lo que representó reducirlas en más del 100%, atendiendo a una petición sin escrúpulos del entonces director del ISSSTE y siguiendo una vergonzosa reforma a la ley del Seguro Social impulsada por el ejecutivo federal actual. No se olvidan esos golpes sin precedentes en perjuicio de los trabajadores.
Poco se dice, pero tememos que la reforma judicial agrave aún más la crisis que vive el sistema de justicia en nuestro país. Pareciera que la disputa es quitar a los ministros, magistrados y jueces a como dé lugar, y hasta reduciendo presupuesto, cuando se requieren más juzgados y mejores juzgadores. El proceso de selección no debe ser tan irresponsable, porque se juega la preminencia, la eficacia, imparcialidad y la autonomía de la Justicia frente a otros poderes.
No se dice en las discusiones, esas en las que nadie oye y apenas se escuchan, pero los reto a que presenten un amparo en estos tiempos y tengan que navegar en las olas revueltas del poder judicial y tardar uno o dos años en el mejor de los casos, cuando antes no se rebasaban los seis meses.
Ojalá que quienes pretenden una reforma judicial para elegir a cualquiera, (sí, a cualquiera, sin comprobada experiencia) se hayan gastado sus lustrados zapatos previamente visitando los juzgados locales y federales.
Los expedientes están arrinconados en el piso por los miles de amparos que se presentan día a día, ante la austeridad extrema que se ha impuesto en los tribunales de primer contacto, de apelación y de amparo. Los trabajadores del poder judicial están rebasados, desquiciados sin que nadie atienda el reclamo de mayores recursos.
Cuánto desearíamos que los afamados legisladores supieran que ninguna reforma judicial va a tener éxito si no va acompañada de recursos económicos suficientes para operar el mandato constitucional de una justicia pronta, completa e imparcial, y ésta se pueda materializar.
Por supuesto es válido un paro de labores total del aparato de justicia, pero que sea por convicción, para defender derechos laborales, y que precisen cuáles, o luchen por un mejor sistema de justicia autónomo (sin intervención de otros poderes), sabiendo que suspender labores en perjuicio de cientos de miles de personas se hace dejando de percibir salario. Que se asomen a ver cómo son las luchas obreras.
Los que estamos fuera de esta disputa entre justos y justiciables, de valientes contra los menos cobardes, esta revuelta, en donde todos cobran su salario puntual a costa del erario público, tanto legisladores como los del poder judicial, en vez de construir uno nuevo con los mejores juzgadores y con más presupuesto, sólo vemos cómo tiran al barranco de manera irresponsable el anhelo de una verdadera justicia social.
Qué pena, qué vergüenza.