No hay de otra –dijeron los transportistas– y resignados, al igual que decenas de automovilistas atrapados en la carretera México – Puebla, tuvieron que esperar cinco días hasta que los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan levantaron el bloqueo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de ordenar a la Guardia Nacional que desalojara a los manifestantes, advirtiéndoles que se podían “quedar ahí todo el tiempo, (porque) lo que es justo se atiende de inmediato, (pero) cuando es transa no…”
Los campesinos demandan la resolución de varios juicios pendientes que datan de hace seis décadas, incluyendo una indemnización por más de 176 millones de pesos por la expropiación de sus tierras, que se hizo en 1958 para construir la autopista.
Finalmente, se “privilegió el diálogo”, como también recomendó la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a las 3:30 de la madrugada del sábado se levantó el bloqueo, que durante toda una semana dejó incomunicado al sureste del país y que, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), generó pérdidas por más de 131 mil millones de pesos. La misma historia de siempre…
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Cualquier ciudadano, trátese de automovilistas, choferes de camiones o pasajeros de autobuses, está peligro de quedar atrapado en un bloqueo carretero donde todo puede ocurrir; desde perder un vuelo hasta quedar varado por días, asaltos, partos en las carreteras, sufrir deshidratación e incluso morir, como le sucedió a un anciano que falleció infartado dentro de su camioneta cerca de la caseta de Tepotzotlán, tomada el año pasado por un grupo maestros.
Los bloqueos carreteros y las tomas de casetas en las autopistas, presuntamente motivadas por reclamos sociales, se han convertido en un mecanismo de presión y chantaje político, que lo mismo es utilizada por vecinos inconformes, campesinos, maestros e incluso, más recientemente, por grupos del crimen organizado.
Hasta los transportistas, principales víctimas de los bloqueos, han usado esta forma de presión, como sucedió el 28 de junio en que convocaron a un paro nacional y cerraron las entradas a la Ciudad de México, para demandar un pago pendiente de 90 mil millones de pesos a proveedores de roca basáltica para el Tren Maya.
En 2022 hubo 158 tomas de casetas y 880 bloqueos carreteros y en 2023 se registraron 103 tomas de casetas y 813 obstrucciones de carreteras federales, destacando los estados de Chiapas y Oaxaca que concentraron el 45.4 por ciento de estas presuntas acciones de protesta social.
En el caso de Chiapas, son intermitentes los bloqueos en la carretera San Cristóbal – Palenque y los grupos del crimen organizado establecieron retenes carreteros para controlar el acceso a los municipios de la sierra y la frontera sur, obligando a centenares de chiapanecos a buscar refugio en Guatemala.
El Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2020 reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel de hasta siete años y multas de hasta 44 mil 810 pesos a quien realice bloqueo de casetas o restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las autopistas y carreteras del país.
La amenaza quedó en el papel, porque en 2021 la Guardia Nacional reportó 2 mil 351 tomas de casetas y mil 548 bloqueos carreteros, que ese año se registraron principalmente en Sonora, donde indígenas yaquis bloquearon la carretera federal. Un caso extremo sucedió en Uruapan, Michoacán, donde las vías del ferrocarril fueron bloqueadas durante más de cien días por un grupo de maestros. La historia de siempre.