La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría mantener la estrategia en materia de seguridad de la administración saliente, con dos elementos: el esquema de la regionalización del país y el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Sin embargo, a una planeación como esta, le faltaría el dogma o ideología con la que pretende impulsar estos cambios.
El traspaso de la GN a la SEDENA traería más confusiones que certezas. Originalmente su propósito fue fusionar a la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para crear este nuevo organismo. Todavía le falta. Esta dependencia que pretendía sustituir a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia ha presentado crisis en sus primeros años de operación.
Esta dependencia junto con la regionalización del país, sumado a las policías estatales y municipales debería ser suficiente para contener la delincuencia. Se trata de un estado de fuerza de unos 400 mil hombres en todo el país, con una potente capacidad de fuego y una cuantiosa suma de recursos de varios cientos de miles de millones de pesos para la seguridad, que no han sido debidamente utilizados.
Te podría interesar
Por lo que toca al ajuste constitucional, se debería modificar el texto del artículo 21 constitucional para elevar la seguridad como función de Estado, de la que dependerían la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, como funciones de gobierno. Con este modelo se le daría orden dogmático y conceptual a la seguridad del país.
Cabe resaltar que, la seguridad nacional sería el vínculo entre las funciones de Estado de Seguridad y de Defensa Nacional.
Si las policías municipales se hacen cargo del orden y paz públicos, y las policías estatales se hacen cargo de esto y del combate de delitos del fuero común junto con la policía ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública debería expedir protocolos o manuales para que los cuerpos de seguridad de los municipios sepan cuáles son aquellos casos en materia de orden y paz públicos que deben ejercer. Además, en qué casos puede invocar el auxilio de la policía estatal, en qué casos de la Guardia Nacional y en qué casos a las Fuerzas Armadas.
Este mismo esquema debería aplicarse a las policías de los estados, de tal forma que estos protocolos especifiquen en qué casos y con cuáles mecanismos pueden solicitar el auxilio de la Guardia Nacional y/o de las Fuerzas Armadas.
También el reto es coordinar el flujo de información que obtienen las distintas instancias de seguridad, clasificarlo y derivarlo a una sola instancia de seguridad, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Consejo de Seguridad Nacional, y con ello definir estrategias y líneas de acción en seguridad, detectar operaciones con recursos de la delincuencia a efecto de disminuir su poder económico y producir políticas de seguridad nacional en los campos social, económico y político, respectivamente.
Si bien es cierto que el carácter operativo es necesario, más indispensable se vuelve el dogma que le va a dar sustento ideológico.