La seguridad está constituida por elementos intangibles de bienes. No se trata de la seguridad, como resultado de políticas de seguridad o defensa, sino de uso y disfrute de bienes y derechos, como la consecuencia de los bienes jurídicos que tutela la seguridad: en el campo político, se refiere al sistema democrático mexicano, a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos humanos; en el campo económico, a la participación de la parte proporcional en la economía que produce el país, al derecho a un salario, entre otros; y en el campo social, al derecho a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, principalmente.
Por esta razón, es que el vínculo de la función de la seguridad es quizás la más importante de las funciones del Estado, ya que se encuentra muy relacionado a prácticamente todas las demás funciones que presta el Estado: la hacienda, la jurisdiccional, la de buen gobierno, la del exterior, principalmente, por medio de las instituciones agrupadas en gabinetes temáticos, como el político, social, defensa o hacendario.
Todas las instituciones agrupadas en estos gabinetes temáticos de gobierno, junto con las instituciones y personajes del sector empresarial y del sector social, producen información que sirve a los propósitos de Estado: su propia seguridad y la satisfacción de sus gobernados. Este principio rige en todos los países del mundo.
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Por tal motivo es que una institución que maneja esta información, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), es considerada de seguridad nacional. El carácter de información es estratégico y se auxilia de los objetivos nacionales que se encuentran en la Constitución, así como en los intereses nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que son instrumentos para la implementación de políticas de Estado en materia de seguridad nacional.
Cuando en 1918 el presidente Venustiano Carranza crea la Sección Primera en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sus objetivos eran eminentemente políticos. En el periodo del presidente Emilio Portes Gil, esta Sección Primera pasó a ser el Departamento Confidencial y posteriormente en la administración del presidente Lázaro Cárdenas este Departamento pasó a ser la Oficina de Información Pública (OIP).
Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, la OIP se transformó en Departamento de Investigación Política y Social (DIPS), y en 1947 se modificó en Dirección Federal de Seguridad (DFS) adscrita a la SEGOB. Cabe señalar que, aunque la DFS fue el primer órgano de inteligencia adscrito a una Secretaría de Estado civil, como lo es la SEGOB, tuvo en su estructura operativa y organizacional a militares, razón por la cual, es que no perdió la esencia de una de las funciones de un Estado Mayor como lo es, la inteligencia.
No fue sino hasta la reforma de julio de 1973 al Reglamento Interior de la SEGOB que por primera vez apareció la denominación Seguridad Nacional y hasta 1982 en el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid es que aparece formalmente como política de Estado.
En 1967 la DFS se transformó en Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y para el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, en 1985, se disolvió la DFS y se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), disuelto en 1989 para crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
El problema no es institucional. El problema es el uso de las herramientas de la función de Estado, como la inteligencia, para usarla con fines políticos y escuchar u observar a quienes piensan distinto o disienten del poder en turno, desviando el propósito para el que fueron creados, en perjuicio de la función de gobierno.
El procesamiento de información que hacen las instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia debe ser capaz de advertir riesgos y amenazas, como las vulnerabilidades a los sistemas críticos –o informáticos– del Banco de México, el cruce de información de inteligencia financiera con fines políticos o delincuenciales, la corrupción, la alteración de flujos de dinero en el sistema circulante mexicano que provengan del lavado de dinero, el avance de la desertificación de alguna cuenca, o bien, las amenazas que provengan del exterior, sean políticas, económicas o sociales.