Chiapas está viviendo una situación crítica debido a la intensificación de la violencia relacionada con los cárteles de la droga y disputas de tierras. Los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han escalado, generando una crisis humanitaria con miles de desplazados y un alto número de fallecidos.
Desde el inicio de 2024, la violencia entre los cárteles ha resultado en el desplazamiento de más de 3,000 personas sólo en el municipio de Frontera Comalapa, una región clave para el tráfico de drogas y personas.
La lucha por el control de rutas estratégicas ha llevado a enfrentamientos violentos y continuos desplazamientos de poblaciones indígenas y campesinas.
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En lo que va del año, se ha reportado la muerte de al menos 60 personas en diversos enfrentamientos entre los cárteles. Municipios como Chicomuselo, Frontera Comalapa, Tila y Pantelhó han sido particularmente afectados. En Chicomuselo, un enfrentamiento de siete horas entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa dejó más de 20 muertos y llevó al desplazamiento masivo de familias que buscaban refugio en áreas vecinas.
Situación en Tila y Pantelhó
En el municipio de Tila, por temas de tierras, la violencia ha forzado a cientos de residentes a huir, aprovechando la llegada de aproximadamente 500 miembros uniformados del Ejército y la Guardia Nacional. La situación es tan crítica que los desplazados sufren de hambre y necesitan ayuda urgente, como agua.
En Pantelhó, comunidades indígenas de Tzotziles y Tzeltales han formado grupos de autodefensa, como las Autodefensas del Pueblo El Machete, para protegerse de los ataques de grupos criminales. Estos grupos de autodefensa han surgido en respuesta a la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad en la región.
La violencia no solo afecta la seguridad física de los habitantes, sino también su economía. La extorsión por parte de los grupos criminales ha llevado a que muchos agricultores abandonen sus cultivos, afectando sectores vitales como el café y el maíz. Además, la presencia de estos grupos ha interrumpido el acceso a mercados y recursos esenciales, exacerbando la crisis humanitaria en la región.
La situación en Chiapas requiere una intervención urgente y multifacética que incluya: fortalecimiento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad para proteger a la población civil; implementación de programas de apoyo humanitario para los desplazados. También estrategias de desarrollo económico que reduzcan la dependencia de las comunidades en actividades vulnerables a la extorsión y violencia de los cárteles, y promoción de la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para reducir la impunidad de los grupos criminales.
Urge que tanto las autoridades locales como federales, en colaboración con organizaciones internacionales, tomen medidas inmediatas para abordar las causas subyacentes de esta violencia y brindar protección a las comunidades afectadas.