La mayoría de las políticas públicas de seguridad responden a un análisis, diagnóstico, detección de necesidades o evaluación del problema, principalmente, y con estos insumos se diseñan estrategias o políticas públicas, tomando como base los estudios que arrojan las ciencias sociales. Así la mayoría de las políticas públicas coinciden con la gobernabilidad en zonas, regiones y en el país.
Hasta antes del triunfo de Fox en el año 200 la seguridad del país estaba sostenida por hilos o acuerdos locales o regionales que involucraba la voluntad política o el acuerdo institucional de los gobernantes. El poder político verdaderamente ejercía su autoridad y, de alguna u otra manera, la mayoría de las veces sometía a la delincuencia cuando ésta intentaba colonizar zonas o regiones del país.
Hoy el orden público y la paz social a que se refieren los fines de la seguridad contenidos en el artículo 21 constitucional han sido superados por las nuevas formas que ha adoptado la delincuencia. No es el carterista del transporte o el robo a mano armada, sino que ha mutado al control de las actividades de Estado que ejercen las autoridades municipales y locales, principalmente, y en menor medida, de las federales.
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Hoy se trata de someter a la autoridad, por la fuerza, para que sus atribuciones sean ejercidas tácita o descaradamente, para obtener regalías o dividendos que le permita aumentar su poder económico.
No es el control de un camino o carretera para el transporte de droga. No. Se trata del control de las actividades económicas productivas para imponer cuotas o cobros.
Cuando llega la debilidad institucional al poder político y a las instituciones de seguridad y la delincuencia avanza en el arraigo social, el control territorial de la delincuencia avanza y pierde el país. Pierde el poder político, pierden los ciudadanos y pierde la democracia mexicana.
Pierde el poder político debido a que invariablemente es sometido a grupos de interés de delincuencia, impone candidatos a puestos de elección popular para garantizar ejerciendo sus intereses.
Pierden los ciudadanos al aumentar su inseguridad y al tener que pagar cuotas y tarifas ilegales impuestos por la delincuencia.
Pierde la democracia mexicana, debido a que se debilita el estado de derecho, y por consiguiente, persiste la impunidad, la corrupción e impide el libre desarrollo de los ciudadanos y la sociedad en que están envueltos.
Por eso necesario fortalecer las instituciones e impedir el arraigo social de la delincuencia, con un diseño institucional de la seguridad, de la procuración e impartición de justicia y con programas sociales que abracen a todos los estratos sociales, al tiempo que se depura el poder político y las áreas o programas de las instituciones.
La gobernabilidad va de la mano con la seguridad. Es un vínculo indisoluble en donde radica el orden público y la paz social a que se refiere la Constitución.