En exactamente 18 días, nuestro país celebrará unas elecciones trascendentales, donde se elegirán 20,708 cargos de elección popular. Este evento podría convertirse en uno de los episodios electorales más vastos en la historia de México, pero también uno de los más violentos y polarizados. El puesto más importante en juego es el de presidente de la República. Según las encuestas, el oficialismo, representado por la candidata Claudia Sheinbaum, cuenta con una amplia ventaja sobre la opositora Xóchitl Gálvez. Además, llegamos a la elección con una aprobación que ronda el 60% el primer mandatario, se ve difícil cualquier alteración a esta percepción.
¿Qué podemos anticipar? Antes, durante y después de los comicios, podrían surgir diversos riesgos políticos, algunos más probables que otros. Por ejemplo, la inestabilidad política podría ser un tema aislado, con agentes externos como movimientos sociales vinculados a las corrientes antisistemas y subversivos del país que intentarán intervenir en la elección e imponer parte de su agenda al nuevo gobierno, buscando garantizar la continuidad de sus demandas. Parecería que los efectos de estas acciones serían a corto plazo y de poca relevancia para las elecciones.
Otro riesgo es el de la violencia que se ha propagado por todo el país, con más de una veintena de candidatos de todas las afiliaciones partidistas que han sido víctimas mortales y otros muchos más heridos y violentados. Es plausible que surja otro tipo de violencia relacionada con los resultados electorales, especialmente en lugares ya conflictivos como Zacatecas, Michoacán y algunas localidades del país como Guerrero. Sin embargo, parece poco probable que esto afecte de manera masiva y extensa a la elección federal. No obstante, a 18 días de los comicios, ya podemos advertir que esta es la elección más violenta en la historia de México.
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Argentina tuvo que realizar, después de su elección, cambios drásticos en su política monetaria y económica debido a la severa crisis financiera que atraviesa, generando mucha incertidumbre para el mercado, no obstante, en México, un escenario similar parece lejano, gracias a la estabilidad macroeconómica que ha logrado mantener la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
Por otro lado, es de esperar que las manifestaciones por el descontento y las protestas se hagan presentes nuevamente en la elección federal, siempre y cuando la actuación de las autoridades electorales sea equitativa para todos los candidatos. La división y la polarización entre las fuerzas políticas podrían indicar la necesidad de que existan condiciones justas y equitativas de parte de los órganos electorales para legitimar al ganador, sea quien sea, recordando que en política todo puede suceder.
Parece ser que el riesgo más importante será la muy probable judicialización de la elección y, en consecuencia, el conflicto poselectoral. Se prevé que ninguno de los candidatos acepte los resultados si la diferencia entre el primero y el segundo es menor a seis puntos. En el caso de que el oficialismo pierda la elección, debemos prever que, desde hace casi 24 años, nunca han aceptado un resultado desfavorable, mientras que para los opositores será difícil aceptar el resultado a menos que la diferencia sea abrumadora.
Moneda en el Aire:
Hace unos días, leía un texto del abogado José Elías Romero Apis que vale la pena analizar con detenimiento, y sería el escenario relativo a la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), crucial ya que, según los expertos en derecho, no sería posible declarar una victoria cuando solo se tienen cinco de los siete magistrados requeridos por ley. En esta hipótesis, se generarían problemas de legitimación, lo que podría llevar al Congreso a elegir un presidente interino hasta que se celebren nuevas elecciones, plantea la preocupación de que en los próximos 12 meses México podría tener cuatro presidentes distintos, lo que generaría serias preocupaciones sobre la estabilidad política y gubernamental. Convirtiéndose así en un catalizador que actualizaría todos los riesgos.
El martes, por la tarde, Mónica Soto, la magistrada presidenta del TEPJF, anunció que se tomarán medidas para asegurar que al menos una magistratura de las salas regionales se una a la Sala Superior. Esta medida se debe a que, aunque la Sala Superior está actualmente sesionando con quórum, hay un caso específico en el que la ley exige un mínimo de seis magistraturas para sesionar, y es en la calificación de la elección presidencial, la cual debe completarse a más tardar el 6 de septiembre. Esta integración ocurrirá una vez que las salas regionales hayan finalizado la calificación de las elecciones de diputados federales y senadores, prevista para el 3 de agosto. Hasta entonces, la Sala Superior determinará a quién o quiénes nombrará para alcanzar el quórum necesario, mientras esto no sucede, este puede ser uno de los escenarios más complejos.