El pasado 27 de marzo de este 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en atención al compromiso constitucional y convencional de dicha institución para prevenir, atender, erradicar y sancionar las conductas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género, presentó el Informe en atención al Reglamento de Quejas y Denuncias en la materia.
El Informe resalta que del 14 de abril de 2020 al 19 de marzo de 2024 se han recibido 402 quejas, denuncias o vistas de las cuales se han registrado 127 procedimientos especiales sancionadores; de los cuales, 110 se sustanciaron mediante 101 procedimientos que se concluyeron a través de 67 resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional y 34 por la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE –improcedentes, desechados, no iniciados, no presentado, archivados o sobreseídos–.
De los 101 procedimientos concluidos con sentencia firme, en 28 la autoridad jurisdiccional decretó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que representa el 28% de la totalidad de los procedimientos especiales sancionadores sustanciados ante el INE; en uno se decretó el incumplimiento de una medida cautelar.
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Es de resaltar que, respecto al tipo de violencia identificada mediante sentencia firme, la violencia simbólica se decretó en la totalidad de los asuntos, resaltando que en 6 casos fue de manera aislada y en 21 se presentó de manera concurrente con otros tipos de violencia como sexual, vicaría, física, psicológica, patrimonial y digital.
Sobre la violencia digital, es de resaltar el énfasis impuesto por la Consejera Electoral del INE, Carla Humphrey, respecto a la violencia digital, en donde puntualizó que en 24 procedimientos se denunciaron ataques en redes sociales, “…lo que significa que el 88% de los procedimientos en los que se decretó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se encuentran vinculados a ataques en redes sociales, por lo que, a su vez, la medida cautelar decretada con mayor prevalencia fue ordenar el retiro de las publicaciones denunciadas en redes sociales, medios de comunicación y/o plataformas en medios digitales”.
Por otra parte, el informe refiere que las quejas y/o denuncias que no son competencia del INE son remitidas a las autoridades administrativas electorales que brindan la atención en la materia, así como a las instancias correspondientes.
Así, 127 correspondieron a la atención de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 49 a partidos políticos, 12 a fiscalías locales, 5 a la CONAPRED, 5 a la Cámara de Diputadas y Diputados, 4 a los tribunales electorales locales, 4 a la FiSEL, 4 a la Dirección Jurídica del INE, 4 a los órganos internos de control de los OPLE, 3 a las contralorías estatales, 3 a las comisiones locales de derechos humanos, 3 a la Fiscalía General de la República, por mencionar las principales.
En síntesis, los casos están relacionados con aspectos de la vida interna de los partidos políticos, actos que pudieran tener incidencia local o cuyo impacto pudiera afectar algún proceso electoral local, actos discriminatorios que no tenían incidencia político electoral o, inclusive, hechos presuntamente constitutivos de violencia institucional, entre otros.
Finalmente, resalta que, de los 783 probables infractores, el 21% son personas morales, partidos políticos y medios digitales (163), mientras que el 79% sin personas físicas (620).
Sobre el particular, 470 han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el sexo masculino el que alcanza mayor índice de denuncias con un 76%, seguido de las mujeres con 150 casos que equivalen al 24%, “… lo que evidencia que el hecho de ser del mismo género no es un obstáculo para ejercer violencia”.
Como se muestra, hay mucho por hacer por abatir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género que no solo le compete al INE, sino a los órganos legislativos, instituciones del Estado mexicano y a diversas instituciones más que, de manera coordinada, deberán trabajar con las autoridades electorales si queremos elecciones auténticas, democráticas, igualitarias y libres de violencia.