El partido Morena en el gobierno de la 4T, se trae en salsa al ministro Alberto Pérez Dayán. No habían pasado ni veinticuatro horas luego de que el 31 de enero pasado –en una acalorada sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación– ejerció su voto de calidad para declarar inconstitucional la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que propuso el presidente de México…
A partir de ese momento, para el gobierno de la 4T y para sus huestes –ciertas o no– el ministro es un “traidor a la patria”, según el criterio que dice que su voto de calidad es muestra de esa “deslealtad” y, por lo tanto, dicen que promoverán un “juicio político” en su contra.
Ese día Pérez Dayán presidió la votación en la SCJN, dos ministros votaron en contra y dos a favor de un amparo que argumentaba que la ley tenía afectaciones al medio ambiente y que violaba la Constitución. Pérez Dayán ejerció su derecho a voto de calidad en ausencia de un ministro que se declaró incompetente para tratar el tema. Con esto Dayán desempató esa votación y por tanto la reforma a la ley eléctrica fue desechada.
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Inmediato el presidente López Obrador, lo acusó de “conservador y empleado de la oligarquía”; enseguida, como es frecuente, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum dijo que la votación fue “irregular”; la ministra Lenia Batres, definió este voto como un “albazo”.
Pero no es esta la única ocasión en que el hoy presidente de México habla sobre el ministro Pérez Dayán. Ocurrió cuando echó para atrás el llamado “Plan B” de la reforma electoral, por graves violaciones al proceso legislativo. Por entonces creció la propuesta del Ejecutivo de que los ministros sean electos por voto popular y sólo así podrán –dijo– ‘tener representación en el Poder Judicial.’
Por ahí de noviembre del 2023, Pérez Dayán propuso la destitución de senadores en caso de que no acaten las resoluciones que emita el pleno de la Corte. Esto porque en ese momento los senadores habían detenido el nombramiento de los comisionados faltantes para integrar el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Y como a toda la SCJN, los morenistas y desde Palacio Nacional, le han hecho la guerra al ministro Pérez Dayán. No lo dejan ni a sol ni a sombra. Tal como ocurrió en su momento, luego de su nombramiento como presidenta de la misma Corte, a la ministra Norma Piña, a la que incluso le plantaron una manifestación afuera del edificio de la Institución, evidentemente promovida con intereses en el gobierno federal, muy agresiva y grosera.
En todo caso el enojo no queda ahí. El mismo Ejecutivo promueve una reforma constitucional para restar fuerza a la Institución de justicia, disminución de sus ministros, baja de sueldos, menos atribuciones, no al voto de calidad… y tanto más que se promete en tono de castigo de un poder a otro poder en una República que se jacta de eso: la división de poderes.
Lo más insistente es la selección de los ministros por medio de elección popular. Sería grave porque la elección de ministros es Constitucional y proviene de su conocimiento y calidad y criterio jurídico.
Aunque muy recientemente se haya nombrado a una ministra que llega más como caballo de Troya que como muestra de conocimiento y sabiduría de las leyes que rigen la justicia suprema de los mexicanos.
Pero nada. El mismo ministro se defiende. Con toda gallardía lo hizo durante la ceremonia de celebración de la Constitución mexicana el 5 de febrero en Querétaro, con un excepcional discurso, y en ausencia de la ministra Piña y la del presidente de México quien no acudió porque prometió que este día de la Constitución enviaría un paquete de iniciativas para reformarla.
“El Poder Judicial debe estar alejado de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones” –dijo Pérez Dayán– y agregó que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular:
“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social” afirmó.
En todo caso, todo esto es parte de esa guerra sin fin, la que le han declarado a la SCJN y a los ministros que no entran al paquete de la obediencia al Ejecutivo, abyección e interés partidario.
Además de que la militancia partidaria y la Judicatura no son afines, bajo ninguna circunstancia. Obedecer como ministros o como SCJN a un partido o a un régimen conlleva la aceptación de la pérdida de autonomía y atenta en contra del sistema republicano de México y, sobre todo, atenta al criterio jurídico de imparcialidad, transparencia, legalidad, justicia.
Por lo pronto ya se ve que el ministro Alberto Pérez Dayán tiene agallas. Tiene la fuerza que le da el conocimiento de las leyes y la defensa de la Constitución, esa misma que quieren transformar y para lo que cuentan con enviados que deben pagar favores al gobierno federal.
Predominará la justicia y la legalidad. A pesar de aquel “¡No me vengan con que la ley es la ley!”
Porque sí: la ley es la ley; la Constitución nos constituye como Estado, como País, como Nación, como República… Y está en peligro.