Desde hace décadas sabemos el desarrollo económico y social debe ser sostenible; que la satisfacción de las necesidades del presente no ponga en riesgo las del futuro. Nos lo dijeron el Club de Roma (Los límites del crecimiento, 1972); Schumacher (Lo Pequeño es Hermoso, 1973); y el Informe Bruntland (1987). Pero el hecho es que a pesar de las grandes conferencias y acuerdos internacionales seguimos en una economía global depredadora que despoja a las generaciones futuras e incluso pone en riesgo la continuidad de la vida de numerosas especies, entre ellas la humana.
El calentamiento global es una de las mayores amenazas. Durante millones de años la vegetación del planeta fue absorbiendo el dióxido de carbono de la atmosfera, lo transformó en materia orgánica y, gracias a los movimientos geológicos, lo enterró en el subsuelo. Ahora, al quemar carbón, petróleo y gases, lo regresamos a la atmosfera de manera acelerada.
Estos gases, en particular dióxido de carbono y metano, liberados en la atmosfera obstaculizan el reflejo de los rayos solares hacia el exterior del planeta, retienen el calor sobre su superficie y crean un efecto invernadero. Están provocando un calentamiento global y un desorden climático creciente.
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Hasta hace un par de décadas el cambio climático todavía era negado por las cúpulas del poder económico y político. Sin embargo, los eventos climáticos extremos son irrebatibles: inundaciones, ciclones, tormentas, incendios, oleadas de calor, deshielos y elevación de los niveles del mar y sequías.
México es muy vulnerable al cambio climático. Presenta un incremento de temperatura de 1.6 C respecto a la etapa preindustrial, superior al del conjunto del planeta. Los cambios en los dos grandes océanos que nos rodean alteran el clima e impactan sus frágiles ecosistemas. La desigualdad imperante y un gobierno autolimitado por la austeridad obstaculizan la preparación y capacidad para enfrentar y remediar los desastres naturales.
El huracán Otis sobre Acapulco en octubre de 2023 ilustra la situación. Un evento inesperado para una ciudad no solo no preparada, sino sumida en la expansión urbana caótica que desafió el marco regulatorio. Mientras que los desarrolladores pudientes invadieron las zonas de amortiguamiento; los marginados se instalaron en cañadas, desfiladeros y cauces de agua. La tragedia, de la que no existe un recuento integral de daños humanos y materiales, tuvo un impacto cruelmente diferenciado por el nivel socioeconómico.
Pero ahora el mayor monstruo que se aproxima al país es la sequía. No está llegando de sorpresa. De 1990 a 2020 aumentaron los días cálidos y los días consecutivos secos pasaron de 70 a 80. La disponibilidad de agua por persona se ha reducido a menos de la tercera parte en los últimos 60 años. Si se revisa el mapa de condición de los acuíferos en la página de Conagua resalta el gran número de los que son sobrexplotados: aquellos en los que la extracción de agua supera su reposición.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta que, en febrero de 2024, el 74.91 por ciento del país presenta algún grado de sequía, con tres vertientes de impacto principales; la urbana, la rural y la de los cuerpos de agua.
Varias de las principales ciudades del país han tenido que recurrir a la distribución del agua por “tandeo”, limitada a ciertas horas y días de acuerdo a la colonia en que se vive. Con un reparto complementario mediante camiones cisterna. Entre otras las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, y Victoria. A la falta de cantidad se añade el problema de la calidad. En acuíferos sobreexplotados el agua se extrae cada vez a mayor profundidad, es más “vieja” y puede estar más cargada de minerales nocivos a la salud. Por lo que requiere mayor tratamiento previo a su distribución.
Importantes cuerpos naturales de agua que se están secando; destacan Cuitzeo y Chapala. Incluso sobre su anterior superficie hay una urbanización irregular. El Sistema Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México se encuentra al 37 por ciento de su capacidad. De las 210 presas que monitorea CONAGUA, 117 están a menos del 50 por ciento de su capacidad.
El impacto agropecuario es alto. En 2019 hubo 408 mil hectáreas siniestradas; tierras sembradas en las que los cultivos no germinaron por falta de agua. En 2022 fueron menos, solo 64 mil 480 hectáreas. Pero en 2023 se alcanzó la cifra histórica de 502 mil hectáreas siniestradas a pesar de que se sembraron alrededor de 800 mil hectáreas menos que el año anterior. Todas ellas dejan a muchos productores sin recursos para continuar en esa actividad. Entre los estados más afectados de manera recurrente están Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León.
El director del Consejo Nacional Agropecuario, Haro Encinas, declaró en octubre de 2023 que la sequía es un grave problema que haría aumentar los precios del azúcar, frijol, maíz, carne, café y cítricos. Con un pronóstico preocupante; avanzamos hacia una sequía generalizada en México.
La sequía es un monstruo en crecimiento al que apenas recientemente se le da suficiente atención. El gobierno federal responde al riesgo social y político con obras localizadas de remedio inmediato.
No obstante, hay mucho más por hacer. Un problema de fondo es la sobreexplotación de los acuíferos. Es necesario que en todo el país se “siembre” el agua. La deforestación y el deterioro general de la vegetación hace que el agua de lluvia tenga un bajo nivel de infiltración y escurra de inmediato hacia el mar. Con obras adecuadas, dispersas en todo el país pero que reflejen un esfuerzo masivo, sería posible conseguir un mayor porcentaje de lluvia que infiltre los suelos y recargue los acuíferos.
Hay que monitorear a detalle los usos del agua a nivel industrial, agrícola y pecuario y hacer visible el costo-beneficio en agua de cada producto final. Se calcula que cada almendra producida en California, Estados Unidos, requiere 12 litros de agua. Aquí debemos monitorear y conocer el gasto en agua en distintas funciones; algunas claramente insostenibles y otras que deben ser fomentadas.
Lo cual requiere una revisión a fondo de la reglamentación del uso del agua. Muchas concesiones que fueron apropiadas en su momento han dejado de serlo ante la magnitud del problema actual y los riesgos de empeoramiento en un futuro cercano.
Hay que invertir en prácticamente todos los centros urbanos en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hídrica y evitar pérdidas en la distribución. Otro tanto se puede decir de la infraestructura rural. La consecuencia debe ser promover la agricultura de conservación de agua y suelos.
Tales propuestas tienen fuertes implicaciones. Para empezar, revisar el marco jurídico de los usos del agua y fortalecer los instrumentos jurídicos para romper con la mera inercia para llegar a lo racional. Se requieren mecanismos de dialogo y concertación de acciones respetuosos de los intereses local, comunitarios y regionales con efectivos mecanismos para exigir rendición de cuentas a los actores públicos. Hay que revisar los acuerdos internacionales de manera tal que sea posible promover y asegurar la rentabilidad de la producción sostenible. Más que la mera contabilidad monetaria necesitamos instrumentar una contabilidad relativa al uso sostenible de los recursos naturales, sobre todo el de mayor riesgo de escasez, el agua. La cereza del pastel debe ser un gobierno fuerte y próspero; no austero y franciscano, porque invertir en sostenibilidad, cuando se haga, será costoso.