La semana pasada el gobierno de Claudia Sheinbaum recibió el agradecimiento de Joe Biden por la incautación de 1,500 kilos de fentanilo que hizo el equipo de Omar García Harfuch en Sinaloa, hecho de gran relevancia considerando que a poco más de un mes Donald Trump será nombrado como el 47º presidente de Estados Unidos.
No cabe duda de que el decomiso de una de las drogas que más problemas de salud pública está ocasionando al vecino del norte puede interpretarse sucintamente de dos formas, la primera es una demostración de que el combate a las drogas con la administración de Sheinbaum está empezando en serio y bien; y, la segunda, es una suerte de mensaje por parte de México al futuro presidente de Estados Unidos de que no es necesario amenazar a nuestro país para implementar un Estado de derecho.
La primera interpretación tiene sustento por sí misma, ya que antes de que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre, la presidenta Sheinbaum ya había dado pasos para armarle a su hombre de confianza, García Harfuch, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyas facultades incluyen la de investigar delitos, además de los 10,000 agentes investigadores de la Guardia Nacional que quedaron en el limbo al momento que esta última pasó a manos de la SEDENA.
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Pero si bien la mega confiscación de fentanilo del 3 de diciembre fue de dimensiones sin precedente ¿cuántos decomisos y cuántas cabezas de narcotraficantes podrían ser suficientes para controlar a los cárteles de la droga en México y/o para apaciguar a Trump (si éste fuera el caso)? La respuesta simple es que una numeralia en materia de lucha contra el narcotráfico no sería suficiente, especialmente a los ojos de detractores del gobierno tanto en México como en Estados Unidos, pues las acciones antinarcóticos son un conflicto político, social y económico por el poder, por intereses económicos y por una industria lucrativa en la que los cárteles participan y compiten con una violencia desmedida.
Los otros actores que interactúan en los eslabones del narcotráfico son el comercio de precursores químicos, el tráfico internacional y el lavado de dinero; es ahí donde la violencia es poco percibida públicamente y, en la práctica, es donde se concentra la rentabilidad del negocio. Claro sin pasar por alto a los funcionarios estatales, entre ellos jueces, políticos y policías que han sido cómplices y han sido eximidos de responsabilidad en la escalada de violencia atribuida a la lucha contra las drogas en México.
La secuencia de las acciones hace pensar que el gobierno de Sheinbaum, con o sin Trump en la Casa Blanca, está dando pasos en contra del crimen organizado, a fin de atender la principal preocupación de los mexicanos, que es la seguridad. Basta mencionar la Operación Enjambre llevada a cabo a finales de noviembre pasado y en la que se capturaron a siete funcionarios del Estado de México coludidos presuntamente con los cárteles Jalisco Nueva Generación, Nuevo Imperio, La Familia Michoacana, la Unión Tepito y la Anti Unión Tepito.
La Operación Enjambre fue considerada el primer golpe al crimen organizado de la administración de Claudia Sheinbaum pero ¿cuántas operaciones Enjambre son necesarias para convencer a la opinión pública de que se está haciendo algo para mellar al negocio del narcotráfico? Cualquier respuesta cuantitativa es insuficiente pues la problemática del tráfico de drogas es la suma de diversos actores, como ya se mencionó, así como de muchas variables.
En este sentido, no hay que perder de vista que desde hace décadas la lucha antinarcóticos tiene una funcionalidad de complementariedad y fortalecimiento recíprocos entre aquellos que controlan el narcotráfico y el aparato gubernamental. Los primeros utilizan al Estado para la continuidad del negocio y para el segundo significa, en cualquier país, la posibilidad de legitimarse como el único garante de la seguridad de los electores, de ahí que, para muchos, Trump, con su actitud belicosa y manipulación mediática y pese a que aún no se instala en la Casa Blanca, parece presionar a Palacio Nacional para que México despliegue acciones para controlar una problemática que afecta a ambos países.