En materia electoral, las acciones afirmativas son una medida que busca compensar a determinados grupos de personas en situación de desventaja que enfrentan para el ejercicio de sus derechos y, con ello, realizar un esfuerzo para nivelar las desigualdades que enfrentan en distintos ámbitos, entre ellos, la participación política y la competencia electoral (Jurisprudencia electoral 30/2014).
Estas acciones, encuentran sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material, el cual está reconocido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte (Jurisprudencia electoral 43/2014) y, para tal efecto, tanto los partidos políticos como las autoridades electorales están obligadas a implementarlas a través de criterios jurídicos, razonables, objetivos y proporcionales, de tal manera que con su implementación se garanticen certeza y seguridad jurídica.
Los principios de apertura, pluralismo, inclusión y tolerancia son algunos de los pilares sobre los que se sostiene toda democracia y, también son condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades fundamentales y de la igualdad de oportunidades.
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En México, primero desde la sociedad civil y, posteriormente, en el ámbito institucional, se han realizado importantes esfuerzos para lograr la participación efectiva de colectividades sin representación en el poder y en la toma de decisiones. Entre estos grupos, en los que actualmente podemos identificar la implementación de candidaturas por acciones afirmativas, tenemos a las candidaturas indígenas, a las afromexicanas, de personas con discapacidad, a adultos mayores, migrantes y de la diversidad sexual, quienes han llegado a ocupar candidaturas para diversos cargos de elección popular.
Los resultados a través de la implementación de candidaturas por acciones afirmativas han sido importantes, porque permiten visibilizar a minorías históricamente excluidas de la participación política pero, hay que decirlo, han resultado insuficientes, primero, porque generalmente no terminan por ser proporcionales a esas poblaciones y, porque son espacios de poder a los que históricamente los partidos políticos y otros grupos de poder se rehúsan a compartirlo, a ceder espacios, a generar las condiciones propicias o simplemente a respetar estos espacios que corresponden o están destinados a quienes, por muchos años fueron perseguidos, discriminados, relegados o invisibilizados.
Existen múltiples obstáculos a los que hoy se enfrentan quienes buscan postularse a través de acciones afirmativas. Los partidos políticos buscan, a través de simulaciones o fraude a la ley, postular a personas que no solamente les sean afines, sino, lo más grave, aquellas que tampoco pertenecen a estas colectividades. En los últimos años hemos atestiguado múltiples abusos y arbitrariedades en las decisiones partidistas en las que se postulan indígenas que no lo son o que no pertenecen a ninguna comunidad, etnia o pueblo originario, a personas con discapacidad sin tener alguna, a personas de la diversidad sexual, sin serlo, entre otros muchos lamentables casos.
Para que las acciones afirmativas sean realmente efectivas, es necesario tomar conciencia de su naturaleza y finalidad. De poco serviría una medida que busque nivelar desigualdades si en su implementación se busca desnivelarlas, perpetuar esas desventajas, esa exclusión, esa discriminación hacia la otredad.
En materia de acciones afirmativas, el trabajo institucional ha sido importante pero aún insuficiente, la deuda histórica y la brecha de desigualdad aún es enorme. Existen múltiples derroteros que habrá que explorar para atemperar los efectos nocivos de la indiferencia política. Son necesarios cambios legislativos, institucionales, de política pública y de cualquier otro carácter, encaminados a lograr una verdadera participación en este ámbito.
Debemos reflexionar sobre la necesidad de establecer una puntual legislación que obligue a partidos políticos a incluir candidaturas genuinas, a fortalecer su cultura partidista, a destinar recursos a la participación y promoción de grupos en situación de vulnerabilidad, a flexibilizar la postulación a través de mecanismos distintos a los partidos políticos, crear un sistema dual que permita garantizar el cumplimiento de la ley en dos facetas, por una parte, contar con una serie de desincentivos que incluyan sanciones ejemplares a partidos políticos que presenten candidaturas fraudulentas tales como las causales de cancelación de candidaturas por postulaciones fraudulentas, y por otra parte, crear incentivos para quienes demuestren buenas prácticas en la materia, entre otras.
Sin duda se ha avanzado en materia de acciones afirmativas, pero es necesario redoblar esfuerzos para lograr una representatividad que se corresponda con la realidad y, sobre todo, con la reivindicación de las minorías. Sin igualdad ni justicia social no habrá una auténtica democracia.
Hasta nuestra próxima entrega.