La expansión de la delincuencia organizada en México responde a factores estructurales como la corrupción, la impunidad y la ausencia de estrategias gubernamentales efectivas para combatirla.
La infiltración de organizaciones criminales en instituciones del Estado ha debilitado gravemente la capacidad gubernamental, permitiendo su operación con relativa libertad en el territorio nacional.
Uno de los mayores obstáculos es la complicidad de funcionarios públicos, que, por acción u omisión, han permitido el crecimiento de estas redes criminales. Esta complicidad ha facilitado la expansión del control territorial y económico de las organizaciones delictivas, creando un círculo vicioso de corrupción y violencia.
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Funcionarios corruptos han aceptado sobornos, otorgando protección a grupos criminales a cambio de beneficios económicos y políticos. Este fenómeno evidencia cómo la corrupción se convierte en un aliado estratégico para el fortalecimiento del crimen organizado en el país.
Asimismo, ciertos sectores empresariales han colaborado, ya sea por coerción o conveniencia, en actividades como el lavado de dinero o el contrabando. Esta colaboración pone en relieve cómo el crimen organizado no opera aislado, sino en complicidad con actores de la economía formal.
Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades ilícitas, abarcando desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, el secuestro y la extorsión. Su capacidad para adaptarse y expandirse evidencia la debilidad de las instituciones encargadas de combatirlas.
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México estimó que el narcotráfico generaba ingresos anuales de 600 mil millones de pesos. Esta cifra, equivalente a 33 mil millones de dólares, supera el Producto Interno Bruto de países como Haití y Bahamas, lo que ilustra la magnitud de este problema.
Además, el tráfico de drogas entre México, Colombia y Estados Unidos alcanza un valor estimado de 121,600 millones de dólares anuales. Estas cifras reflejan el poderío económico de estas redes criminales, así como la urgencia de medidas integrales que combatan su operación.
La magnitud del problema demanda un compromiso efectivo para atacar las raíces de la corrupción y fortalecer las instituciones del Estado. Solo así será posible reducir la influencia de la delincuencia organizada y devolverle al país la paz que tanto necesita.