En tan sólo unos días de lo que va del año han sido asesinados por lo menos tres aspirantes a puestos de elección popular. Los presagios que se anunciaron desde las elecciones intermedias de 2021 parece que, por desgracia, se van cumpliendo.
Ese año, 2021, hubo 239 incidentes de violencia política en México, que dejaron un saldo de 179 víctimas mortales, de acuerdo con la consultora Integralia.
Esto es grave porque el 2 de junio de este año se disputarán en las urnas la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 500 diputados federales y 1,098 locales, y 1,803 presidentes municipales, entre otros cargos.
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Apenas a una semana de iniciar 2024, fueron asesinados dos aspirantes a alcaldes y un regidor, todos de oposición.
La violencia está en las calles de México, en casi todo el país. En las grandes capitales, en territorios estatales, en municipios; por todos lados donde se mire está el hecho violento, los atentados sin ton ni son: Petatlán, Guerrero, por ejemplo, en donde hace apenas unos días, según cifra oficial, fueron asesinadas 5 personas, aunque testigos hablan de muchos más.
Desde el inicio de 2023 y hasta el 6 de diciembre en México se documentaron 427 homicidios múltiples. En Guanajuato, Zacatecas y Guerrero se realizaron, en promedio, 1 de cada 3 masacres.
Cada 20 horas se registra una ejecución en México. Hasta el 16 de diciembre de 2023, durante el año se habían registrado 427 homicidios múltiples, de acuerdo con la organización ciudadana “Causa en Común”.
Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Estado de México son los estados con el mayor número de masacres en lo que representa un tercio del total registrado a escala nacional.
Según informa Sandra Ley, coordinadora del “Programa de Seguridad de México Evalúa”, y el director ejecutivo y cofundador de “Justicia Transicional en México”, Jorge Peniche, la mayor parte de la violencia generada por el crimen organizado incidiendo en política es a través de homicidio en lo local.
Esto es: “Para poner el dato sobre la elección de 2024: en México sólo se compiten 629 puestos de elección federal, de los 20 mil puestos en juego. El resto son puestos de elección popular a nivel estatal y municipal; ahí está el meollo del asunto, porque ahí está el botín que se estarán peleando el siguiente año actores privados, públicos, criminales y élites”, dijo Peniche.
Así que la violencia criminal se extiende a lo político y ya está, y estará, en los distintos estados de la República con rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024. El tema es que son distintas organizaciones criminales las que se pelean plazas y regiones de influencia para llevar a cabo sus operaciones dañinas y cada una querrá imponer a sus propios candidatos.
Además de la lucha electoral entre candidatos registrados oficialmente ante el INE parece ser que otra lucha electoral se peleará de forma alterna: la de esos grupos de interés.
El temor de muchos, sobre todo en zonas de alta presencia de grupos criminales, es que la violencia irrumpa en la vida de familias y gente civil que no tiene nada que ver ni con ellos como tampoco en política. Es evidente que en estos enfrentamientos y estas peleas territoriales ha muerto gente civil y, lo más peor, menores de edad.
El gobierno federal mexicano insiste en que en México todo está bien, bajo control de la autoridad y bajo el control del Ejército y la Guardia Nacional, además de las policías locales o municipales. Y sí, seguramente hacen lo suyo, sin embargo el estado de creciente violencia parece rebasarlos y los resultados, como también se ve, son funestos y temibles.
Por supuesto, también es cierto que habrá que buscarse el origen del estado de violencia que impera en México y que parece extenderse a lo político.
Una de las razones, ya se ha dicho hasta el cansancio es que, en muchos casos, jóvenes que se incorporan al crimen organizado tienen como origen la falta de oportunidades, la falta de formación académica, la pobreza o provienen de familias desintegradas. Y de esto tienen la culpa las políticas públicas, sociales y de desarrollo, del gobierno federal, estatales y municipales.
Pero mientras son peras o perones, lo de hoy es grave. Cada día se asoma más la amenaza a los candidatos a puestos de elección popular. El que los candidatos oficiales tengan una vigilancia extrema indica los temores a que les pudiera ocurrir algo: ojalá no: no y no.
Por lo pronto 2024 es el año del miedo. Del terror a que candidatos a elección popular sean asesinados o dañados o perseguidos o amenazados; y que esto influya en las urnas; y que ocupen puestos de elección criminal quienes entregarán su autoridad a quienes menos lo merecen.
En ley corresponde al gobierno, a los gobiernos, responsabilizarse de la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los mexicanos y, por la circunstancia electoral, cuidar a todos y cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos, cuyo origen sea en efecto democrático y popular; y no otro.