Como si fueran dos visiones en una misma tierra, lo que se mira, lo que se siente desde abajo –de cómo se aplica la política laboral– es muy distinto a lo que se percibe en Palacio Nacional. Es como la noche y el día.
En el lugar donde habita el presidente, se presume que este gobierno ha impulsado una política de incrementar los salarios mínimos, en los últimos cinco años, de hasta un 90%, lo cual es cierto; sin embargo, se ignora, como si se mirara hacia otro lado, que el sector burocrático ha recibido apenas un aumento del 15%, pero en todo el quinquenio, representando un promedio del 3% anual, lo que también es verdad.
Es algo parecido a lo que escribía Pablo Neruda, quien murió el 23 de septiembre de 1973, hace casi 50 años, en el mes del asesinato de Salvador Allende, cuando relataba un mundo en reversa:
Los monumentos caminaban
hacia atrás, empujando el día
como guardias inexorables.
Y se desplomaba hacia ayer
Todo el horario del reloj.
Apenas hace unos días, el 31 de agosto pasado, un día anterior al informe presidencial en la ciudad de Campeche, en la celebración del nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Radio Educación (SINTRA), las organizaciones sindicales que se reunieron en el estacionamiento de esa radio, se quejaban de los dos tiempos que se viven en el gobierno mexicano: uno acelerado, festejando los mayores incrementos de la historia a los salarios mínimos; y otro congelado, el tiempo lento de los ínfimos salarios que se paga a los trabajadores del Estado.
Se preguntaban las organizaciones sindicales asistentes: ¿por qué dos políticas? Una de mejora a los salarios mínimos hacia afuera, y otra de contención, la que se aplica al interior de los muros gubernamentales.
La nueva dirigencia sindical de Radio Educación presumía lo que han hecho los trabajadores de esa institución, defender su centro de trabajo exigiendo mejoras tecnológicas y equipamiento adecuado, dando al mismo tiempo espacio a los que carecen de voz, pero también organizándose de manera autónoma para la defensa de sus propios derechos laborales.
La falta de presupuesto ha impedido que proyectos que antes significaban un punto de referencia, como Radio Educación, ahora se enfrenten a enormes dificultades para hacer viable su trabajo.
En otro espacio, el pasado 4 de septiembre, a propósito del 28 Congreso del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), Ricardo Flores Bello, Secretario General de ese organismo, señalaba en su discurso ante decenas de sindicatos los dos tiempos y las dos visiones que se tienen en esta coyuntura.
Se cuestionaba por qué, ante la duda de cómo aplicar un Contrato Colectivo de Trabajo, se le pregunta al patrón y no a los trabajadores. Que la mejor lección de estos años es entender que, independientemente del régimen político que se tenga, la lucha de los trabajadores por sus derechos no puede cesar y que su mayor fuerza debe recaer en su propia organización.
El líder del SUTIN lamentaba que el actual gobierno no haya tenido una interlocución con las organizaciones sindicales, que apenas intentan mantener organizados a un 10% de los trabajadores en este país.
La visión del Estado hacia sus trabajadores es abismal, comparada con la que se tiene para el resto de los trabajadores del país, porque la austeridad ha sido una manera de reducir políticas salariales y en prestaciones.
En un hecho muy grave que a medio centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que tienen asignado un salario mínimo general en 2023 (en el papel), no se les haya incrementado su salario cuota diaria de un 20%, como lo ha propalado el Presidente de la República. Ninguna autoridad laboral interviene cuando se trata de la violación de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
Los operadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguramente han comprado calculadoras que carecen de los signos de sumar y multiplicar, y sólo existen para ellos los de restar y de aplicar la política de cero.
Los de Hacienda, cuando se trata de aplicar la ley a su contentillo, leen la Constitución al revés y la Ley Federal del Trabajo la mandan a la basura, solapando el incumplimiento de convenios autorizados.
Los trabajadores de las dependencias gubernamentales y de organismos descentralizados se enfrentan no sólo al desdén de sus derechos, sino que además sufren el incumplimiento de convenios que la autoridad laboral ha elevado a la categoría de cosa juzgada.
En el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante diciembre del 2022, se acordó un incremento de un 4% a los salarios y de 2.25% a las prestaciones (retroactivo al 1° de septiembre de ese año) y hasta la fecha, se ha incumplido, colocándose en grave riesgo de estallamiento a huelga.
Pablo Neruda, escribía:
“No me esperen de regreso.”
Como si fuera un mensaje al actual gobierno, que parece vivir en otro tiempo, el del inmovilismo que no entiende que sus trabajadores, los que están en sus entrañas, no son seres que caminen para atrás, como él, ya que ellos son esencia de vida y dignidad.