En nuestro país, la ley es clara: “el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección…” (artículo 225 LEGIPE). Es a partir de esa fecha cuando en teoría deberían iniciar las actividades para buscar el voto de la ciudadanía, pero en estos tiempos de prisas, tanto el régimen como los viejos partidos coincidieron en adelantar sus actividades proselitistas.
Agregaría: adelantaron casi formalmente, al inventar una especie de competencia interna pero con tintes de campaña nacional por todas partes, y con el dispendio de recursos que en su tiempo caracterizó al viejo partido de Estado, hoy pintado de guinda.
Con el pretexto de procesos “internos”, la mayoría de los partidos políticos nacionales (el régimen y la mayoría de la oposición) decidieron adelantarse.
¿Vale la pena transgredir la ley y desplegar derroches publicitarios para posicionar a los partidos y a aspirantes fuera de los plazos de ley? Yo creo que no. Para algo existe la ley.
Pero en este país de tantas carencias sociales, desde hace meses asistimos como testigos desde los medios de comunicación a dispendios de recursos y a actividades proselitistas disfrazadas (y algunas no tanto).
¿Qué tanto vale la pena torcer las leyes para posicionar una candidatura o un régimen? ¿Qué tanto para posicionar una oposición?
De todas las formas posibles, torcer la ley sólo vulnera el Estado de Derecho, ese acuerdo social que nos da orden y respeto a las actividades sociales. En todos los casos, pierde la ciudadanía.
Soy de las personas que creen que el respeto a las leyes es el lenguaje de la civilidad y la garantía de una convivencia social. Después de todo, para eso existen las leyes: de otra forma, imperaría la anarquía.
Sin embargo la sucesión presidencial de 2024 ha sacado lo peor de las fuerzas políticas nacionales, empeñadas en torcer la ley a su antojo para acaparar el espacio para promocionar a sus candidatas y candidatos.
La única excepción ha sido Movimiento Ciudadano, que insiste en respetar la ley.
¿Qué es lo que queremos para México? ¿Establecer la ley de la ventaja caprichosa y anárquica o el imperio de la legalidad y los principios democráticos?
Bien pronto sabremos qué país quiere cada uno de nosotros, porque exigir respeto a las leyes debería empezar por respetarlas nosotras y nosotros.
Espero que ese bien pronto llegue también con una buena dosis de conciencia social.