El tema no es nuevo. La probidad que se les demanda a las personas públicas para acreditar los títulos profesionales universitarios que ostentan se ha agudizado de manera exponencial.
Gracias a las tecnologías disponibles, hoy es factible definir los niveles de originalidad que se presentan en cualquier escrito, demostrando con ello no solo la calidad de su contenido, sino también los elementos asociados con el uso correcto de las fuentes empleadas a través de los sistemas de citación.
En el preámbulo de arranque del proceso electoral, las coordinadoras electas por las dos principales fuerzas han sido cuestionadas sobre el origen de sus trabajos recepcionales, ambos generados desde la UNAM.
La principal universidad pública del país se enfrenta así nuevamente a la necesidad de examinar si dichos trabajos son legales y legítimos, no por gusto, sino porque se suman al escándalo abierto recientemente por el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien sigue peleando desde el propio Poder Judicial para impedir que se le retiren sus títulos académicos.
De hecho, esta situación es crucial porque de ser procedente la competencia de la UNAM puede abrir una puerta de alcances insospechados no solo para dicha institución, sino para todo el sistema de educación superior del país.
En el pasado, tuvimos un caso muy relevante como lo fue la demostración de que la tesis de licenciatura del ex presidente Enrique Peña Nieto tenía pasajes que implicaban poner en duda su autoría y por tanto solicitar a la Universidad Panamericana que le cancelara el título concedido. La acción no procedió bajo el argumento de que el delito había prescrito, mismo que hoy se emplea por parte de la defensa de Esquivel para evadir la aplicación retroactiva de la medida.
Otros casos relevantes que se pueden consignar (con variantes importantes a explicar) son las titulaciones de personajes como el expresidente Vicente Fox Quesada, quien poco antes de tomar posesión como titular del Ejecutivo federal completaría su proceso pendiente de titulación como licenciado en Administración en la Universidad Iberoamericana.
Y más recientemente está el caso del actual gobernador de Nuevo León y presidenciable por el MC, Samuel García, quien obtuvo grados académicos que también se le han cuestionado por la manera tan rápida de lograrlos considerando que una persona en su condición, dedicado por entero al servicio público, presuntamente no poseería las mejores condiciones para hacerlo, por más flexibles que sean hoy en día los programas educativos, mismos que ahora se han ido simplificando en versiones cada más flexibles y simples en sus requisitos (incorporando incluso factores como la “experiencia”) para cumplir con los requisitos de egreso.
Lo que aquí se muestra sin duda obliga a pensar en una seria revisión de la Ley General de Profesiones y analizar el papel de la colegiación para acreditar lo que las instituciones educativas vienen generando en el mercado educativo y laboral.
Es cierto, la Constitución Política no pide expresamente que quien ejerza la presidencia de la República deba tener un título de alguna índole. Pero sin duda, resulta muy relevante como signo probatorio de sus antecedentes y capacidades (sobre todo si se desempeña en el ámbito del servicio público), que exista una mínima revisión sobre la procedencia de dichos grados en caso de ostentarlos.
No solo es un elemento ético, sino que implica una clara demostración de apego a las exigencias que clama la ciudadanía de tener a alguien que pueda hablar de combatir la corrupción sin tener que justificar sus “errores de juventud”, como el presidente AMLO quiso explicar la situación de la ministra Esquivel, y ahora tener que hacer lo mismo (de ser el caso) con su favorita a sucederle.
Sin duda, las explicaciones directas que ofrezcan Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez acerca de sus trabajos de titulación serán importantes para entender el veredicto que reciban no solo por la UNAM, sino porque será un argumento que seguramente escucharemos muchas veces como parte de los debates y comparaciones que se hagan entre ambas, de aquí hasta la realización de los comicios presidenciales el próximo año. Implica a todas luces un asunto de dignidad y confianza en el futuro.