Una sociedad vive en paz en tanto no se violenten sus derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en las legislaciones secundarias que, entre otras disposiciones establecen el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, derecho a un ambiente sano, derecho de las niñas, niños y adolescentes, entre muchas más, cuyo objetivo es la protección y bienestar de la población por parte del Estado mexicano.
No obstante, hay dos fenómenos que irrumpen nuestra paz social, desequilibran a la sociedad y exponen al poder público, en muchas ocasiones, de su incapacidad de proteger, cuidar y hacer prevalecer el estado de derecho cuando se suscitan, entre otros, los delitos de explotación sexual y trata de personas.
México ratificó en 2003 el Protocolo de Palermo que, entre otras disposiciones, hace una clasificación de los elementos que constituyen trata de personas; en 2007 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en las que se incluyeron las conductas consideradas para definir la trata de personas. En 2012 se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
De acuerdo con el “Informe Mundial sobre Trata de Personas, 2022” de la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), que recopila información de 141 países, reportó que existen aproximadamente más de 450 mil víctimas y un estimado de 300 mil presuntos tratantes sobre las estadísticas oficiales entre 2003 y 2020. En 2020 la mayoría de las víctimas fueron mujeres (42%), seguido de los hombres (23%), niñas (18%) y niños (17%).
En México, de acuerdo con datos correspondientes al primer semestre de 2022 a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 494 víctimas de trata, representando un incremento del 24% respecto al mismo periodo de 2021.
Ante esto y toda vez que la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, determinaran en 1999 establecer el 23 de septiembre como el Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con el objetivo de concientizar a los gobiernos del mundo, es importante que el gobierno, en sus tres niveles, así como los órganos legislativos y el poder judicial trabajen de manera coordinada para buscar erradicar este mal que se impregna en la sociedad como un cáncer, provocando desestabilización social, la irrupción de un estado de derecho y coloca al poder público como inoperante de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales.
Bajo este contexto, apuntaría algunas acciones que serían importantes, desde mi punto de vista atender:
- La revisión del marco normativo en la materia con la finalidad de actualizarlo, potenciarlo o de plano, generar una legislación que constituya un verdadero referente para el actuar de las procuradurías y fiscalías del país. Esto, por supuesto correspondería a los cuerpos legislativos, federal y locales.
- Presupuestación suficiente para atender de frente y con capacitad las denuncias que se presente por explotación sexual y/o trata de personas.
- La revisión de diversos protocolos de atención.
- La reconfiguración de todo el andamiaje jurídico bajo las directrices de una perspectiva de género.
- Por su parte, la UNDOC recomienda, entre otras, las siguientes acciones y retos para enfrentar esta grave problemática mundial:
- Regularización de las plataformas en línea donde se detectan amenazas de trata de personas.
- Programas de capacitación para prevenir este tipo de delitos.
- Inversión sustancial para el desarrollo de programas, investigaciones y acciones que fortalezcan las acciones de los gobiernos.
- Formación judicial sobre esta problemática con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos.
Lo que sigue, es impulsar al propio Estado para avanzar en la lucha de este mal que crece exponencialmente. Desde mi responsabilidad como legisladora del Congreso del Estado de México revisaremos la problemática y, de ser el caso, presentaremos en su oportunidad, las iniciativas que correspondan a fin de dar respuesta a la ciudadanía de frente con estos terribles delitos.