El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCyRL), hijo predilecto de la reforma laboral, fue nombrado, casi de manera celestial, como el único facultado para registrar (léase reconocer, autorizar, legalizar, legitimar o no) los Contratos Colectivos de Trabajo y organizaciones sindicales de todo el país.
Se llega al paradigma que ni reuniendo al pleno de los notarios del país en asamblea general, y ni siquiera a la totalidad de los trabajadores pueden éstos reconocer a sus propios representantes; es algo así como dijo el filósofo Sócrates, un encargo para el gobierno de los sabios.
Al CFCyRL se le encomendó centralizar y tomar las funciones que tenían las 32 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de todas las entidades federativas del país, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de contratos y organizaciones sindicales.
El encargo a esta instancia federal fue de grandes dimensiones, es algo así como un dinosaurio de mil cabezas, ninguna autoridad laboral en nuestro país reúne tantas funciones a la vez. Hasta conciliar en todos los asuntos a nivel federal y ello le obliga a tener sucursales en todas las entidades federales para este encargo.
El CFCyRL a pesar de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para su plataforma digital no es capaz aún de responder a los nuevos retos del nuevo mundo laboral. Su presupuesto es exiguo para conseguir mayor personal especializado con salarios dignos, ya que el gobierno federal de manera inverosímil solo propone ínfimos recursos a la Cámara de Diputados.
El gobierno federal se comporta como el padre indigno que olvida a su hijo mayor y lo avienta a la calle, al verlo que se llena de miles de visitas todos los días, ya no lo aguanta. ¡Nunca pensé que crecerías tanto hijo mío!, parece decirle con molestia.
En 2022 el gobierno federal en su presupuesto para 2023 otorgó un 8.70% más, pero para 2024 inexplicablemente redujo la diferencia en un 5.75%, como si las penas fueran menos.
Seguro que los sabios tecnócratas de la Secretaría de Hacienda hicieron su proyección para 2024 desde su escritorio sin consultar las necesidades que afronta el latoso primogénito de la reforma laboral.
Los jóvenes operadores del CFCyRL están rebasados de trabajo, las jornadas ordinarias no les bastan y su capacidad de respuesta no está respondiendo en varios casos a los límites que les impone la ley federal del trabajo. Los abogados sindicales (y hasta patronales) esperan frente a la pantalla semanas enteras a que simplemente acusen de recibido sus peticiones.
Cuando uno visita a estos funcionarios tienen la pantalla de la computadora marcada en sus pupilas por estar todo el tiempo frente a ella. Tener el síndrome del túnel carpiano o la vista cansada es algo común para ellos, su herramienta de trabajo es meramente digital. Los trámites llegan y se acumulan, ¿cuántos tendrán que revisar a diario? ¿30 o 50? ¡Se está venciendo el plazo para contestar, échale más ganas! le dice su compañero para “animarlo”.
La realidad es que el Centro Federal no se da abasto. No solo va terminando de vigilar los procesos de legitimación donde le tuvo que pedir apoyo a su prima hermana la Secretaría del Trabajo y hasta de otra malquerida como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; ahora se sofoca con las consultas hacia los trabajadores para ratificar sus Contratos Colectivos de Trabajo.
Durante las consultas, el verificador, ya fastidiado de haberse trasladado hasta por 2 horas desde su domicilio, muestra sus credenciales y su escrito de comisión, e inicia a solicitar una serie de documentos que previamente se habían cargado a la plataforma. “Los necesito ver porque yo no tengo acceso a ese apartado de la página”. Quienes ya han llevado más consultas ya están preparados y tienen todo impreso, los que no, realizan llamadas con voz impaciente para conseguir esos documentos tan solicitados.
Si la plataforma del Centro Federal es la única vía por la cual se pueden realizar estos trámites, ¿no se le debería brindar la atención tecnológica y presupuestaria necesaria? Es de conocimiento que los funcionarios y los usuarios tienen problemas en estos nuevos tiempos, donde el batallar empieza con los equipos de cómputo como si fueran de la prehistoria.
¿Estamos ante la extinción de los funcionarios laborales digitales por el presupuesto franciscano que se le asigna a este organismo concentrador de registros sindicales y contractuales?
Sin embargo en estos procesos, de modernidad aparente, los paganos son los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
¿Hasta cuándo tendremos la reforma laboral prometida?