México librará en 2024 la elección más grande que haya tenido en su historia debido a que, además de la Presidencia de la República, la Cámara de Senadurías y la Cámara de Diputaciones a nivel federal, habrá elecciones de manera concurrente en las 32 entidades federativas del país, en 8 estados se renovará a la persona titular del ejecutivo local (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y en la Ciudad de México la jefatura de gobierno; asimismo, serán renovados 1,088 diputaciones locales, 1,803 presidencias municipales, 1,973 sindicaturas, 14,171 regidurías, 204 concejales, 88 regidurías de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.
Estos poco más de 20 mil cargos de elección popular crecerán exponencialmente si consideramos que deberán multiplicarse por el total de partidos políticos nacionales y locales que cuentan con registro, a través de las coaliciones que eventualmente se conformen y de las candidaturas independientes que lleguen a registrarse.
Bajo este contexto, las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los 32 Organismos Públicos Locales Electorales del país, tendrán el enorme reto, conforme a sus atribuciones, de organizar y desarrollar sin contratiempos estas elecciones. No obstante, existen rubros que son por demás preocupantes y que escapan de los alcances de las autoridades electorales.
Entre las principales dificultades que se vislumbran para estas elecciones destaca entre muchas más, la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 a cargo del INEGI y publicada recientemente el 11 de septiembre, destaca que para este 2022 aproximadamente en 10.5 millones de hogares que equivalen a más del 27% del total del país, tuvieron, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. En el mismo sentido, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones lo que equivale a una tasa de 22,587 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana a cargo del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2023 a nivel nacional, el 62.3% de la población de 18 años y más, consideró inseguro vivir en su ciudad, sobresaliendo el caso de las mujeres con un 68.6%, por un 54.8% por parte de los hombres.
Estas cifras lapidarias, deben obligar al Estado mexicano a generar las condiciones propicias de seguridad para que las elecciones se desarrollen en paz y con seguridad para que no se conviertan, en alguna medida, en un inhibidor de la participación de las y los ciudadanos.
Otros factores, a cargo del INE será la escrupulosa revisión del origen, destino y aplicación de los recursos que son asignados a los diversos actores políticos que confluyen en una elección -partidos políticos, precandidaturas, las coaliciones que, en su caso, se registren, candidaturas, entre otros-. Esto con la finalidad de que observar que no exista financiamiento ilícito (por ejemplo, del narcotráfico) y que todas las instancias políticas se apeguen a las disposiciones legales correspondientes.
El respeto a la norma electoral por parte de todas y todos los competidores debe ser el hilo conductor de los valores democráticos, evitando con ello acciones contrarias a la ley que puedan significar un quebranto a la estabilidad social y que, de existir controversias en la materia electoral se utilicen las vías jurisdiccionales correspondientes para la resolución de las impugnaciones se den conforme a derecho. Un ejemplo de ello será el cumplimiento de la paridad de género, así como la atención a las disposiciones legales para que el terrible fenómeno de la violencia contra las mujeres en razón de género no sea un factor que inhiba la participación política de las mujeres.
La sombra del abstencionismo será un reto compartido entre autoridades electorales y los actores políticos principalmente. De la elección presidencial de 1994 en que participó el 77.2% a la fecha se ha mantenido una media de votación del 62% en las elecciones presidenciales, es decir, el abstencionismo ha oscilado en alrededor del 38%, por lo que el reto será incrementar la participación de la ciudadanía.
Como podemos observar solo de estas referencias que hemos apuntado, la elección de 2024 implicará un gran reto tanto para las autoridades electorales administrativas y las jurisdiccionales, así como por parte de los actores políticos involucrados, incluyendo al propio Estado, sin dejar de lado el compromiso de medios de comunicación de llevar a cabo las acciones adecuadas para un voto informado para que la ciudadanía pueda cumplir con su deber cívico de votar el 2 de junio del año que entra por el partido político, coalición, candidata o candidato de su preferencia. Esto permitirá fortalecernos como nación y cobijar nuestra preciada estabilidad social y enaltecer nuestro sistema democrático.