Este 18 y 19 de septiembre se celebra en la ciudad de Nueva York, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el Día Internacional para la Paz, Naciones Unidas convoca a Jefes de Estado y de Gobierno, organizaciones internacionales, al sector privado y a la sociedad civil para hacer una revisión exhaustiva del estado de los ODS, así como para deliberar sobre las acciones y políticas que aceleren el cumplimiento de la Agenda 2030, ello a más de la mitad del periodo de adopción de este plan de acción global. En ese marco se advierte oportuno reflexionar sobre la importancia de la garantía de los derechos fundamentales a la información y a la protección de los datos personales, tanto para lograr los ODS y como para asegurar un entorno más pacífico para todas y todos.
En primer lugar, debemos recordar que, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso común y universal de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas para integrar objetivos y metas comunes en la visión compartida del futuro de los países: en este instrumento se prioriza a las personas, el planeta y la prosperidad. Este plan de acción global es resultado de un ejercicio participativo de consultas públicas que consideró a diversos actores relevantes para la construcción de una herramienta de planificación, en la que mediante un consenso multilateral logró integrar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben materializarse en un plazo de 15 años. Al adoptar esta Agenda, los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido México, acordaron integrar los ODS en sus metas nacionales.
Así mismo, debemos advertir que, en la Agenda 2030 se concreta una visión compartida en la que los países adoptantes reconocen en la garantía de los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas, como elementos indispensables que todo programa y política pública debe observar: las personas y la sostenibilidad deben considerarse como en el centro de la planeación para el desarrollo. En las medidas que se sugieren se destacan aquellas encaminadas a erradicar la pobreza, a fortalecer la paz universal y a asegurar el acceso a la justicia.
En esta coyuntura, el Instituto Nacional de Transparencia como una institución mexicana que se encuentra facultada constitucionalmente para la tutela del derecho de acceso a la información, nos hemos comprometido a un actuar que abone de manera importante al cumplimiento del ODS número 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Específicamente, con las metas del objetivo 16 relativas a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la garantía del acceso público a la información. Los esfuerzos del INAI han abarcado la creación y promoción de iniciativas, políticas y acciones que buscan dar cumplimiento a la visión de desarrollo sostenible.
Además de acciones que impulsan la participación, la gobernanza y el gobierno abierto, se ha considerado que la garantía del derecho de acceso a la información ha sumado al cumplimiento de los ODS, ello al habilitar a todas las personas a actuar y participar en el desarrollo sostenible desde la información. Es decir, al implementar e impulsar políticas que garanticen el derecho de acceso a la información no sólo posibilita el cumplimiento del ODS número 16, sino que también se coadyuva al cumplimiento de otros objetivos y metas al asegurar insumos informativos que enriquecen el análisis y participación de todos los actores interesados. Además, se ha considerado que cuando impulsamos políticas de gobernanza y apertura en los procesos de toma de decisiones, también se han abierto canales de participación para la sociedad civil y los grupos que no eran considerados en los espacios de decisión.
Por otro lado, el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la protección de datos personales es condición para una ciudadanía más libre, segura e informada en la Era Digital. Pues esta prerrogativa posibilita a todas las personas a consentir con conocimiento de causa el tratamiento que las instancias del sector público y privado darán a sus datos personales, los cuales se han posicionado como un insumo importantísimo para la digitalización y desarrollo. El derecho a la protección de datos personales es un derecho habilitador que empodera al individuo para ejercer otros derechos humanos y libertades: el derecho a la seguridad, a la autonomía, libre personalidad, a la privacidad, a la intimidad, los derechos digitales y la libertad de expresión, solo por citar algunos ejemplos. Por ello, resulta clave para el cumplimiento de los ODS y sus metas.
En ese entendido, el INAI como una institución garante de derechos humanos que suman tanto a la garantía de los derechos de los individuos, como al desarrollo de sociedades más informadas y transparentes, reitera su compromiso y voluntad para hacer sinergia a favor del desarrollo sostenible.